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Jiménez Pons, ni perdón ni olvido
Fonatur no concedió ningún “perdón” millonario al Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), de Fernando Chico Pardo.
En cambio, evitó un juicio muy riesgoso para la institución y obtuvo una reserva territorial comercial con valor de más de 700 millones, por una tercera parte de su valor.
La institución no dejó en el olvido el expediente.
Sin juicio de por medio, Fonatur adquirió una reserva territorial con valor de 286 millones que en el año 2020, el Indaabin valuó en más de 700 millones de pesos.
La disyuntiva que se presentó era cobrar 60 millones de pesos en multas que muy probablemente no hubiera podido realizar o pagar el precio original de compra para retomar la propiedad de los terrenos.
Es decir recuperarlos a una tercera parte de su valor.
La alternativa era irse a juicio e intentar cobrar penas convencionales al grupo aeroportuario, que en el año 2013 el propio Fonatur le habría quitado a Asur.
Por ese camino habrían pasado cuatro años considerando que la compraventa era de fecha del 2009 y se podría considerar prescrito el derecho de Fonatur a demandar.
La opción más viable y que fue la que se tomó fue la de rescindir el contrato y recuperar los terrenos al valor pagado en 2009; cuando los terrenos ya aumentaron su valor en un 300%.
Esa es la explicación que da el ex director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons a la versión periodística que informó que el nuevo subdirector jurídico de Fonatur, José María Castillo Madrigal, pidió indagar la condonación de 62.9 millones de pesos al Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), bajo la nueva administración de Javier May.
Señaló que la denuncia fue presentada ante el Órgano Interno de Control (OIC) de Fonatur el pasado 16 de marzo y destaca que se basa en el presunto incumplimiento de un contrato en Bahías de Huatulco.
La misma publicación señala que, durante la administración de Jiménez Pons, el entonces director jurídico de Fonatur, Alejandro Varela, firmó en octubre del 2020 un convenio con Asur mediante el cual la empresa devolvió dos predios que había adquirido en 2009.
El Fondo le habría restituido –al grupo aeroportuario– los 286.3 millones de pesos que había pagado por ellos y le perdonó las multas que se habían generado por no cumplir con la construcción de un desarrollo turístico.
Jiménez Pons asegura que En 2013, la Subdirección de Seguimiento Contractual de Fonatur emitió el oficio SSC/SDR/043/2013 en el cual le quitaron a ASUR las obligaciones de Presentación de Proyecto Arquitectónico, Inicio de Obra y Terminación de Obra y las penas convencionales.
A partir de marzo de 2013 ASUR ya no tenía ninguna obligación para construir ni desarrollar en los terrenos adquiridos a Fonatur ni se le podían cobrar penas convencionales.
Durante 2020, en una revisión del cumplimiento de ejecución de obras en el Centro Integralmente Planeado de Bahías de Huatulco se detectó que la única bahía y macro lote sin ningún desarrollo ni construcción era el adquirido por ASUR.
Se analizó el expediente de la compraventa y se encontró que se había pactado en 2009 con obligación por parte del grupo empresarial de presentar un proyecto arquitectónico, fecha de inicio y terminación de obra.Que en el 2013 la subdirección de seguimiento contractual eliminó tales obligaciones.
Que Asur tenía en posesión y propiedad terrenos estratégicos para el desarrollo del Centro Integralmente Planeado que aumentaban su valor con las inversiones que hace Fonatur, sin que Asur estuviera obligado a construir o desarrollar.
Frente a tales circunstancias se tomó la opción de retomar la propiedad.Habrá que ver cuál de las dos partes tiene la razón en este diferendo. Pero lo que queda claro es que en el mismo equipo lopezobradorista hay fuertes pugnas. Veremos.
Atisbos
VISITA.- El enviado especial del gobierno de EU para el clima, John Kerry y una comitiva de empresarios norteamericanos del sector energético se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre la política energética de México y en particular el proyecto de reforma constitucional en materia eléctrica. Mientras que la representante comercial Katerine Tai habría dicho que el gobierno de su país considera impugnar la política energética de México.