El decreto del nearshoring

La semana pasada, el gobierno emitió un decreto que busca atraer inversiones de nearshoring mediante incentivos fiscales a ciertas industrias. Si bien la noticia ha sido bien recibida por algunos sectores, quedan interrogantes sobre su propósito, viabilidad y posibles impactos.

El decreto se enfoca en empresas cuyos ingresos por exportaciones superan el 50% de sus ventas y se centra en los sectores agroalimentario, farmacéutico, equipo médico, eléctrico y de componentes, maquinaria, automotriz y autopartes, tecnología y servicios de producción audiovisual. Permite a las empresas deducir un porcentaje máximo de nuevas inversiones en activo fijo en el primer año, así como un estímulo fiscal de deducciones adicionales para gastos de capacitación técnicos.

Esta política pública, en cierta medida, parece inspirada en las políticas de los Developmental States asiáticos que fueron muy exitosas (a diferencia de las políticas de sustitución de importaciones implementadas en Latinoamérica). Países como Japón, inicialmente, y posteriormente Corea del Sur, Singapur o Taiwán, lograron tasas de crecimiento altísimas mediante la coordinación entre el Estado e industria para promover sectores de exportación. Entre otras medidas, como la coordinación entre sectores y una política monetaria que buscaba depreciar sus monedas, otorgaron muchos estímulos fiscales a las industrias enfocadas en la exportación de manufacturas. Aunque se requieren más acciones que estímulos fiscales para lograr estos éxitos, pareciera ser que la inspiración de este decreto proviene de algunas de las políticas que fueron exitosas en Asia hace 30 o 40 años.

El problema es que las medidas de este decreto podrían constituir violaciones a los acuerdos que México ha suscrito, desencadenando procedimientos de solución de controversias bajo el T-MEC, o bajo la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el ámbito de bienes industriales, estas medidas podrían considerarse subsidios prohibidos a la exportación según las normas de la OMC, al condicionarse a la exportación y centrarse en sectores específicos. El T-MEC prohíbe a México imponer requisitos de inversiones basados en un porcentaje de exportaciones, lo que implica que políticas que condicionen inversiones a la exportación podrían entrar en conflicto con el tratado. En el fondo, competimos con el sur de EU y Canadá por las inversiones del nearshoring, y no es descartable que esto termine en más controversias comerciales con nuestros socios.

Más allá de posibles litigios, vale la pena preguntarse si este decreto logrará el impacto esperado por el gobierno. Hoy el nearshoring ya es una realidad: los parques industriales están llenos y la inversión en construcción en el norte muestra tasas de crecimiento nunca vistas. Sin embargo, este fenómeno está muy concentrado en el norte; Nuevo León concentra el 74% de las inversiones, seguido por Chihuahua y Baja California. Para quienes querían invertir e instalarse ahí, este decreto es una buena noticia, ya que ahorran, pero no cambia las decisiones ya tomadas. En el sur y centro, donde la inversión no llega, esto no es suficiente. Los problemas estructurales –falta de energía, infraestructura, seguridad jurídica e inseguridad– persisten. En el fondo, este decreto, si no termina en litigios comerciales, es un buen regalo –a un costo fiscal importante– para quienes ya querían venir a México. No obstante, parece complicado que por sí mismo atraiga inversiones a las regiones que el gobierno busca desarrollar.