¿Debería desaparecer la Secretaría de Cultura?

¿Debería desaparecer la Secretaría de Cultura?; ¿los recursos que ingresan a las zonas arqueológicas y museos del país deben destinarse  a los sitios o recintos donde se generan? Estos planteamientos, entre muchos otros y muy diversos, fueron presentados el fin de semana pasado en el Foro Nacional "Arte y Cultura para profundizar la transformación", convocado por Morena para la redacción del Proyecto de Nación 2024-2030.

Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura de Tlaxcala lanzó la propuesta de discutir la desaparición de la Secretaría de Cultura porque -dijo- “es una institución que no es idónea para la administración de las políticas públicas culturales, ni el presupuesto. Eso era un sueño de (Rafael) Tovar y de Teresa para pertenecer a una élite política, pero en la práctica no funciona”.

No voy a entrar a discutir este punto, aunque creo que la transformación del Conaculta en una Secretaría de Estado es más compleja que el “sueño” de Rafael Tovar, y responde al desarrollo de un proceso muy largo atravesado por la elevación de los derechos culturales a rango constitucional, en el que por cierto participaron muchos agentes, creadores y especialistas que hoy son funcionarios o funcionarias del sector. A ellos les dejo esa discusión.

A lo que sí me voy a referir es a un tema que conozco de primera mano: el destino de los recursos autogenerados por las zonas arqueológicas y museos. Propuso Martínez Velázquez una reforma a la Ley Federal de Ingresos para que los recursos autogenerados se destinen al lugar donde ingresan. Y ejemplifica: “Chichén Itzá tiene 400 millones de pesos y nada de ese dinero se queda en Chichén Itzá. Si no hubiera pasado el Tren Maya, no le meten un centavo”.

Con todo respeto y sin descalificar, esa afirmación es una mentira. Casi tan grande como la Pirámide de Kukulkán. Él lo sabe, o debería saberlo, pues fue durante casi tres años vocero y director general de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura federal, que ahora propone desaparecer para sustituirla por un “sistema nacional con personalidad jurídica y patrimonio propio” que mantenga “una relación sana con la comunidad cultural” y “articule” desde “casas de cultura ejidales” hasta instituciones estatales, como el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura al que llegó como director general en septiembre de 2021, y que, paradójicamente, cuatro meses después se convirtió en secretaría.

Si a Chichén Itzá no le hubieran metido un centavo antes del Tren Maya, ya lo hubiera invadido la selva. Cada año el INAH destina decenas de millones para investigación arqueológica, conservación de monumentos y para hacer viable la visita pública.  Bueno, ahora que está fresquecito el conflicto por los terrenos de la Serie Inicial o Chichén Viejo, que abrirá en unos días al público, hay que recordar que esos terrenos los compró la Federación en 2012, y antes, también se invirtió una buena suma para adquirir los terrenos del núcleo central donde está plantada nada menos que la pirámide de Kukulkán, que eran propiedad de la familia Barbachano.

Es decir, siempre se ha invertido en Chichén Itzá. Pero, además, en México hay 193 zonas arqueológicas abiertas al público (más centenares de sitios bajo investigación no aptos para visita) y 162 museos bajo administración del INAH, en los que el instituto destinó en 2019 (antes del Tren Maya), casi 2 mil millones de pesos para protección y conservación; y casi 153 mdp para proyectos de investigación. Es de suponer, que siendo Chichén Itzá la zona más visitada de México y, por lo tanto, la que más ingresos genera, haya recibido una suma proporcional de estos recursos, de acuerdo con sus necesidades.

Por otra parte, en cuanto a la propuesta de que los ingresos autogenerados se destinen al sitio o recinto que los capta, propongo un ejercicio: Chichén Itzá ostenta la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1988 (lo que también ha significado una presión presupuestal adicional para el Estado mexicano); pero igualmente lo es Uxmal, en la zona Puuc yucateca, desde 1996. Sin embargo, las cifras de visitantes e ingresos no tienen comparación. Por ejemplo, durante julio pasado, según números del INAH, a Chichén Itzá ingresaron 235 mil 918 personas, a razón de 90 pesos, y suponiendo que todos entraron con boleto pagado (porque no todos pagan, de acuerdo con la ley), el monto de ingreso probable andaría rondando los 21 millones de pesos; en cambio, Uxmal recibió en ese mismo periodo 27 mil 308 visitantes y en ingresos probables, 2.4 millones. Esos parámetros se mantienen todo el año. No obstante, son las dos zonas arqueológicas más grandes y visitadas de Yucatán, y en consecuencia la inversión que requieren es similar. Entonces, no puede el INAH destinar todos los ingresos de Chichén a Chichén, porque descobijaría a Uxmal y a otras 16 zonas en situación más precaria.

Pero hay más, qué destino le espera, por ejemplo, a Oxkintok, que tuvo 511 visitantes (también en julio), o a Loltún, que no tuvo ninguno. Y así en todo el país, hay zonas arqueológicas y museos que reciben visitantes a raudales y hay otras que pueden no tener visitantes en un mes y que sobreviven del subsidio. Por poner otros ejemplos: En Chiapas, Palenque, contó 40 mil 026 visitantes y Chiapa de Corzo, 292; en Estado de México, Teotihuacan registró 181 mil 078 visitantes contra 12 mil 635 en Malinalco, 19 en El Conde y 0 en Teotenango. Y en museos, lo mismo: Museo Nacional de Antropología, 148 mil 595 visitantes; Museo de Templo Mayor, 42 mil 237; Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, 179 mil 812; Museo Nacional de las Intervenciones, 3 mil 321 visitantes.

No podemos establecer una política de asignación de recursos bajo el criterio de que los ingresos deban quedarse en el sitio donde se generan, porque entonces habría muchas zonas arqueológicas y museos que no tendrían ingresos para mantenerse, y el valor de sus monumentos y colecciones es el mismo ante la ley y no depende de sus ingresos; además, dado que todo es patrimonio cultural de la nación, por ley debe investigarse, conservarse y difundirse, esa es la ingente tarea del INAH, y en última instancia de la Secretaría de Cultura.

Por supuesto que hay que pensar mecanismos para fortalecer presupuestalmente a las entidades federativas para el cuidado del patrimonio cultural y el acercamiento de la cultura y las artes a los pueblos; por décadas, los titulares de Cultura en los estados y los presidentes municipales han demandado el regreso de los autogenerados, no extraña que ahora Antonio Martínez Velázquez lo haga en su carácter de secretario en Tlaxcala. Pero la solución no puede ser tan simple y leonina como un “sálvese quien pueda” o “quien tenga más saliva que trague más pinole”.