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Operadores regionales alertan que los sandboxes de la CRT pueden dejar daños permanentes
La ALT+ advierte que las facilidades regulatorias otorgadas por la CRT durante los sandboxes podrían generar ventajas competitivas y efectos duraderos sobre pequeños operadores.
Las reglas para los entornos de prueba que prepara la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) deberían incorporar salvaguardas para evitar que las facilidades concedidas a una empresa durante un experimento terminen generando ventajas competitivas frente a los operadores que ya prestan servicios bajo el actual régimen ordinario.
La advertencia fue planteada por la Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT+), organización que agrupa asociaciones y colectivos que representan a operadores locales y regionales independientes de América Latina, en un documento elaborado por su director ejecutivo y también columnista de El Economista, José Felipe Otero Muñoz.
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La ALT+ sostiene que ingresar a un sandbox no significa únicamente obtener autorización para probar una tecnología, servicio o modelo de negocio.
Según la organización, el participante también podría acceder a menores costos regulatorios, espectro temporal, una entrada más rápida al mercado, acompañamiento del regulador y autorización para cobrar por los servicios experimentales.
“Estas ventajas no son necesariamente indebidas, forman parte de la naturaleza del experimento, pero sí son reales y tienen valor económico”, señala el documento enviado a la CRT.
La preocupación de esta organización se concentra particularmente en zonas rurales y de baja densidad, donde pequeños operadores pueden ser los únicos proveedores efectivos de la conectividad.
La Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones advierte que una empresa de mayor tamaño podría ingresar a esas localidades con obligaciones flexibilizadas y menores costos de entrada, mientras el operador establecido continuaría sujeto al marco regulatorio ordinario.
Aunque esas condiciones sean temporales, sostiene esta organización, la pérdida de usuarios, ingresos, personal o capacidad de inversión de un pequeño operador puede permanecer después de concluida la prueba.
Piden medir impacto competitivo
ALT+ propone entonces que antes de cada autorización la CRT realice una “Evaluación de Impacto Competitivo” que identifique, entre otros elementos, las obligaciones dispensadas, el valor económico aproximado de la flexibilización, la reducción de costos de entrada, el acceso a espectro y los posibles riesgos de desplazamiento o exclusión.
La organización considera que las dispensas y facilidades regulatorias pueden operar en la práctica como una especie de subsidio, aun cuando no exista una transferencia directa de recursos.
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Otro punto de atención es la posibilidad de comercializar servicios durante los experimentos. La propuesta de la CRT permite ofrecer, contratar, prestar y cobrar los servicios incluidos en un sandbox, una característica que busca probar los proyectos en condiciones reales de mercado.
La ALT+ reconoce la utilidad de esa posibilidad, pero propone establecer límites al número de usuarios, ingresos, penetración local, área geográfica y duración de la comercialización.
“La comercialización debe mantenerse a la escala mínima indispensable y bajo supervisión, y no convertirse en una autorización comercial abierta”, plantea el documento.
Interferencias y operadores pequeños
La Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones también pide mecanismos al regulador para proteger a las redes existentes frente a posibles interferencias generadas durante los experimentos.
Entre sus propuestas está que el participante financie las mediciones cuando existan indicios razonables de afectación y responda por los daños directamente atribuibles al incumplimiento de las condiciones experimentales.
La alianza plantea además que, ante indicios de interferencia perjudicial, la CRT pueda ordenar en menos de 24 horas reducir potencia, modificar parámetros técnicos o suspender cautelarmente la parte del experimento que genere la afectación.
ALT+ aclara que sus propuestas no buscan proteger a los operadores regionales frente a la competencia ni otorgarles un derecho de veto, sino evitar que la flexibilización regulatoria genere afectaciones desproporcionadas sobre redes y concesiones existentes.