Convicción propia guía combate contra trabajo forzoso: STPS

La postura de México en torno al combate del trabajo forzoso en el comercio internacional se mantiene firme en la defensa del debido proceso y la soberanía de sus instituciones, afirmó de manera contundente Gabriel Tamariz, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En entrevista con El Economista dijo que frente a las presiones internacionales y las determinaciones unilaterales emitidas por Estados Unidos en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de la Sección 301 de su Ley de Comercio, el gobierno mexicano ha establecido que no adoptará de manera automática las sanciones ni los vetos aplicados por Washington a regiones o empresas extranjeras. Explicó las acciones instrumentadas por nuestro país para dar cumplimiento al compromiso asumido en el apartado 23.6 del T-MEC, relativo a la prohibición de importar mercancías elaboradas total o parcialmente con trabajo forzoso.

El funcionario precisó que la estrategia mexicana no responde únicamente a la coyuntura de evitar aranceles o señalamientos comerciales, sino “a una convicción del Estado mexicano para erradicar este problema y proteger a la industria nacional frente a prácticas de competencia desleal”. Detalló: en este mecanismo, la autoridad nacional fundamenta sus actuaciones en tres principios rectores: debido proceso, debida diligencia de las empresas y responsabilidad compartida.

Bajo el principio de debido proceso, la STPS realiza investigaciones propias sustentadas en un protocolo que integra ocho fuentes distintas de información. Aun cuando una de esas fuentes corresponde a los expedientes y sustentaciones que entrega el gobierno estadounidense a través de sus agencias, México somete cada caso a un análisis independiente antes de emitir una resolución.

Tamariz subrayó que no existe posibilidad legal ni operativa de replicar los vetos territoriales que Estados Unidos aplica a regiones enteras, como ocurre en el caso de ciertas zonas de China, dado que toda prohibición en territorio mexicano requiere una fundamentación jurídica individualizada. Para fortalecer la aplicación de esta normativa, el marco legal del acuerdo unilateral expedido originalmente en febrero de 2023 fue modificado en octubre de 2025. Dicha reforma permitió dotar de mayor fluidez, eficiencia y flexibilidad al procedimiento administrativo, abriendo la puerta para que la autoridad laboral inicie investigaciones de oficio y no dependa exclusivamente de las solicitudes que presenten terceros.

En el marco de la cooperación bilateral entre las tres agencias mexicanas involucradas, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas de México, y sus contrapartes estadounidenses, el Departamento del Trabajo, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se puso en marcha un programa piloto. Este esquema contempla la investigación de oficio en cinco sectores industriales catalogados como prioritarios: textil, vestido, calzado, aluminio y paneles solares fotovoltaicos.

Actualmente, las autoridades laborales mantienen abiertas seis investigaciones paralelas. Cinco de ellas corresponden a procedimientos de oficio enfocados en empresas del sector textil con origen en China. La sexta investigación derivó de una petición formal presentada por un tercero en noviembre del año pasado sobre la fabricación de productos de acero provenientes de la India. Este expediente se encuentra en su fase final de resolución, registrando coincidencias en los hallazgos obtenidos por los órganos reguladores de ambos países.

A la par de estos procedimientos, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Unidad de Inteligencia Financiera llevaron a cabo un operativo en el que se detuvo una embarcación con 16 contenedores de productos textiles procedentes de China, pertenecientes a seis compañías. Adicionalmente, la STPS trabaja en la elaboración de un protocolo especializado para la detección de estas prácticas durante las visitas de inspección, el cual se prevé publicar hacia finales del año en curso.