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Vivienda en renta en CDMX: fortalecer subsidios y alquiler social, propuestas para ampliar el acceso
Un informe plantea aprovechar el suelo público, crear mecanismos institucionales de respaldo para arrendadores e inquilinos y mejorar la información disponible sobre el mercado habitacional
La vivienda en renta en CDMX enfrenta barreras de acceso que van más allá del costo del alquiler, desde las garantías exigidas hasta la falta de contratos formales.
La vivienda en renta en la Ciudad de México enfrenta barreras de acceso, una oferta limitada de opciones asequibles y problemas en la formalización de los contratos, de acuerdo con un informe que plantea ampliar las medidas de política pública para el sector.
El informe ¿Cómo regular la vivienda en renta?, elaborado por CoRe Ciudades Vivibles y Amables, identifica la informalidad contractual como una de las condiciones del mercado de alquiler en la capital. Con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 del Inegi, el documento refiere que 34.6% de las viviendas rentadas no contaba con un contrato vigente.
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Esto, según la investigación, “evidencia condiciones extendidas de informalidad en el acceso y permanencia en este régimen habitacional, que suele ser más complejo para las mujeres a causa de la brecha salarial y de la desigualdad respecto de la distribución del trabajo de cuidados”.
En la Ciudad de México, la vivienda en renta se concentra principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde hay mayor acceso a empleos, equipamiento y transporte. Además, entre el 2010 y el 2020, el alquiler aumentó en la mayoría de las demarcaciones, de acuerdo con el análisis de CoRe basado en datos censales del Inegi.
Según el informe, 55.9% de los hogares inquilinos de la Ciudad de México renta por razones económicas, relacionadas con las restricciones para acceder a un crédito hipotecario o con el menor costo del alquiler frente a una hipoteca.
Propuestas para mejorar el alquiler
El estudio plantea complementar la regulación contractual con medidas para ampliar la oferta de inmuebles, reducir las barreras de acceso y mejorar la información disponible sobre el mercado. Entre sus propuestas están:
- Ampliar la oferta de alquiler social. Impulsar programas de vivienda en renta protegida con financiamiento estatal y adaptar subsidios habitacionales para destinar inmuebles al arrendamiento social.
- Crear mecanismos institucionales de garantía. Establecer fondos públicos que respalden parte de las obligaciones contractuales, seguros de renta subsidiados y esquemas de intermediación para reducir la dependencia de avales patrimoniales y depósitos elevados.
- Otorgar subsidios para el pago del alquiler. Utilizar apoyos económicos para facilitar el acceso de los hogares al mercado formal, sin perder de vista que su alcance depende de la disponibilidad de vivienda en renta.
- Mejorar la información sobre el mercado. Desarrollar registros administrativos de contratos, precios y características de los inmuebles, además de un observatorio que permita dar seguimiento a la evolución del arrendamiento.
El informe también propone aprovechar el suelo público y considerar mecanismos de planeación urbana para promover vivienda en alquiler asequible en zonas bien ubicadas. Advierte que los subsidios a la demanda tienen efectos limitados si no se acompañan de medidas para ampliar la oferta disponible.
¿Qué propone la Ley de Rentas?
La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante el Congreso capitalino el 14 de octubre, propone limitar los aumentos anuales de renta a la inflación reportada por el Inegi para el año anterior y crear un registro digital de contratos.
También plantea una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias que ofrezca orientación, mediación y asesoría jurídica gratuita a propietarios e inquilinos, además de sanciones por incumplimientos, como no registrar los contratos o aplicar aumentos superiores al límite permitido.
El proyecto incluye medidas de política habitacional, como ampliar el programa de vivienda pública en arrendamiento, impulsar su producción para favorecer el arraigo vecinal y promover la colaboración con los sectores social y privado para generar opciones de renta asequible.
Asimismo, contempla apoyos económicos para personas inquilinas en situación vulnerable y un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, que coordinaría la atención institucional y la búsqueda de alternativas habitacionales para las personas afectadas.
El informe de CoRe también propone ampliar la vivienda social en renta, aprovechar el suelo público y mejorar los mecanismos de garantía y la información disponible sobre el mercado.