Uno de los temas que preocupan a la industria de tecnologías de la información y comunicaciones en México son las compras gubernamentales de tecnología, por lo que las dudas y exigencias del sector ya le fueron planteadas a Salma Jalife, que ha sido propuesta como subsecretaria de Tecnologías de la Información dentro de la SCT para el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Durante un seminario para medios de comunicación, en el que las cámaras que agrupan a los productores de hardware, software y servicios de telecomunicaciones y TI ofrecieron un panorama sobre la agenda en materia digital que le han propuesto al gobierno entrante, los representantes del sector propusieron la creación de un modelo de adquisiciones específico para la industria TIC que tenga un carácter multianual y que sea transexenal.

Adriana Servín, líder del Comité de Vinculación con Gobierno de la Asociación Mexicana de Industrias de Tecnologías de la Información, dijo durante su presentación que debe existir un marco gubernamental eficaz para regular las compras gubernamentales de tecnología e hizo referencia a la propuesta 90 de las 120 que incluye la Agenda Digital Nacional 2018 (ADN 2018) propuesta por The CIU, Canieti, Amiti y la Asociación de Internet.MX.

El punto 90 de la ADN 2018 refiere que es necesario revisar la legislación y el marco normativo de adquisiciones gubernamentales para flexibilizar la contratación multianual y transexenal de servicios complejos; permitir un esquema de asociaciones público privadas; asegurar la neutralidad y la interoperabilidad tecnológicas; garantizar la competencia entre los proveedores de hardware, software y de servicios y ampliar las obligaciones de transparencia y el uso de Compranet a los estados y municipios.  

Las propuestas de la industria entran en conflicto con algunos de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Austeridad del gobierno entrante, que refiere que el gobierno no comprará sistemas de cómputo en el primer año de la administración y que las compras gubernamentales en general se harán de forma consolidada y bajo observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.

De acuerdo con Javier Allard, presidente de la Amiti, la industria aun no sabe a qué se refiere el nuevo gobierno con la compra de sistemas de cómputo: si se trata solo de equipos o también de servicios, como el cómputo en la nube. Allard añadió que tampoco Jalife, quien ocupará la subsecretaría de Comunicaciones de la SCT en el gobierno de López Obrador, conoce a detalle los alcances de esta propuesta, por lo que deben esperar a que sean definidos con precisión.

Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), se expresó en el mismo sentido respecto a que hay que esperar a que la próxima administración entrante defina la manera en la que llevará a cabo sus propuestas.       

“Hay que darle espacio y tiempo a la administración entrante para que defina los cómo de las propuestas que ha planteado y una vez que tengamos esos cómos ya podremos dar una opinión informada. Si los criterios de las propuestas son la eficiencia y el combate a la corrupción, son temas con los que estamos de acuerdo”, dijo De la Cruz.

Pablo Barrionuevo, gerente de Relaciones Institucionales de Telefónica, habló también sobre la adquisición o contratación de servicios de telecomunicaciones por parte del gobierno y dijo que de acuerdo con el Estudio de Inversiones Gubernamentales en Tecnologías de la Información y de la Comunicación, coordinado por la Asociación de Internet.mx, hay un operador, América Móvil, que ha concentrado 88% de las contrataciones de estos servicios por parte de la administración de Enrique Peña Nieto.

“Consideramos que esto es un problema de competencia económica y algunas de las propuestas que podrían servir serían limitar a un porcentaje de las compras gubernamentales a de telecomunicaciones a un operador determinado, favorecer las licitaciones públicas por encima de las adjudicaciones directas y obligar a que haya participación de dos o más proveedores”, dijo Barrionuevo.        

Una política pública que guarda similitudes con la propuesta en la ADN 2018 en relación con las compras gubernamentales de tecnologías de la información y  comunicaciones es el contrato marco para la adquisición de licencias de software cuya vigencia ha sido ampliada en dos ocasiones y que está próximo a renovarse. De acuerdo con Servín, este contrato ha funcionado bien para la contratación de software por lo que es una buena alternativa para el hardware y los servicios de TI.

“Creemos que el contrato marco es una herramienta para que las distintas dependencias de la administración pública federal puedan adquirir software a mejores precios. El reto que tenemos como industria es el poder actualizar los precios y los productos de forma eficaz dentro del contrato marco”, dijo Adriana Servín.

De acuerdo con el estudio de la AI.MX, el mercado de adquisiciones gubernamentales de tecnología alcanzó un valor total de 109,497.51 millones de pesos, destinados a 19,571 procedimientos. Los servicios y productos de TI más adquiridos por los tres niveles de gobierno durante la administración de Peña Nieto fueron el hardware, los servicios de TI y las telecomunicaciones, de acuerdo con el documento que utilizó datos del sistema Compranet correspondientes a cuatro ejercicios fiscales (2013-2016) y un trimestre del 2017.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx