La Estrategia Digital Nacional (EDN) de la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene al menos dos coincidencias con la de su antecesor Enrique Peña Nieto: la primera es que llega tarde, aunque no tan tarde como la estrategia peñista, y la segunda es que, tal como la muestra el proyecto publicado por la Conamer, es limitada. Pero estos no son los problemas que más preocupan a analistas del sector, que fijan su atención en conceptos como la soberanía y autonomía tecnológicas. 

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó en su sitio web el 16 de agosto el documento que contiene la Estrategia Digital Nacional propuesta por el gobierno federal, que tiene como objetivo exponer “el conjunto de acciones que el Gobierno de México está llevando a cabo para hacer posible el uso y desarrollo eficiente, democrático e incluyente de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”. El documento entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

En México, 84.1 millones de personas hacen uso de internet, lo que representa 72% de la población de seis años y más, según la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020 del Inegi y el IFT. Mientras que en los entornos urbanos, el 70% de las personas tienen acceso a internet, en los rurales sólo la mitad de la población puede conectarse a la red.

Más que un plan o un procedimiento, Emiliano Calderón Mercado, coordinador de la Oficina de la Estrategia Digital, presenta el plan del gobierno como un mapa de lo que se ha hecho hasta el momento en materia de acceso a las tecnologías de la información y el uso de éstas por parte de la administración pública. La estrategia muestra al proyecto de conectividad universal y la renovación de los modelos de administración de los recursos digitales en las dependencias de gobierno basados en la independencia, la autonomía y la soberanía tecnológicas como los dos grandes ejes de acción del gobierno del presidente López Obrador. 

Para Christopher Casarrubias, director de Mercados emergentes en la firma de análisis de políticas públicas Access Partnership, esto es lo que hace que la estrategia carezca de “sustancia y precisión”, pues “si bien digitalizar a instancias de gobierno y sus servicios públicos es fundamental, la EDN se olvida de la necesidad de la transformación digital transversal que, más allá del sector gobierno, impacte a otros sectores fundamentales de la economía mexicana: manufactura, turismo, la industria petroquímica, etcétera”, dijo. 

A esto se suma, de acuerdo con Casarrubias, que la estrategia cuenta con muy pocas definiciones específicas en cuanto a acciones, mecanismos de ejecución y de evaluación, además de plazos y tampoco aborda el uso de tecnologías como el cómputo en la nube, la inteligencia artificial y el comercio electrónico; así como el rol que tienen estas en los procesos productivos de México. Lo mismo sucede, según el especialista, con aspectos como la ciberseguridad, la protección de datos, la alfabetización digital y la transformación digital de las empresas.

Durante el primer semestre del 2021, el gobierno federal gastó sólo 31% de los recursos que había presupuestado para la adquisición y contratación de tecnologías de la información y comunicaciones, según la consultoría Select. Esto quiere decir que pese a que el gobierno del presidente López Obrador aumentó por primera vez en su sexenio el presupuesto destinado a este rubro en 2021, este no se ha ejecutado conforme avanza el año actual.

Ricardo Zermeño, director general de Select, reconoció que el gobierno federal ha dejado en manos de la Secretaría de Economía la tarea de impulsar la digitalización de las industrias. No obstante, está de acuerdo con Casarrubias acerca de que la estrategia no cuenta con proyectos prioritarios, sus responsables y las fechas en las que estos se tendrían que llevar a cabo. 

Incluso, la sección de la estrategia que más llamó la atención del analista ─aquella vinculada con el acceso a internet a través de CFE Telecomunicaciones─ carece de ejemplos de los avances que se han logrado para llevar internet a las poblaciones de más difícil acceso en México. Estos datos hay que buscarlos en los comunicados y en el plan de negocios de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuyo objetivo es establecer 200,000 puntos de conectividad en todo el país, de los cuales hasta septiembre del 2020 tenía instalados 1,000. 

Para Zermeño, los principios de la estrategia son encomiables aunque son demasiado generales, es decir que para nadie puede ser malo que la austeridad, el combate a la corrupción, la eficiencia, la seguridad de la información y la soberanía tecnológica sean la guía de la estrategia; no obstante, el problema está en los detalles del documento, ya que no se especifica cómo se van a poner en la práctica estos principios.

“En general, plantea una visión, misión y objetivos que se quedan en lo general. A la mitad de la administración, me habría gustado ver algo más concreto, con metas incluso. Es un documento de objetivos y líneas de acción generales”, dijo.

Ambos analistas plantean como el aspecto más problemático de la estrategia el que se conciba la soberanía tecnológica y la autonomía desde una perspectiva negativa, es decir que se busque regular el uso de tecnologías de la información por parte del gobierno a partir únicamente de desarrollos realizados por el propio gobierno.  

“¿Ser autónomo significa que todo el software lo vas a desarrollar tú? Me preocuparía, es totalmente inviable. Ser autónomo significa que quieres tener una arquitectura abierta, interoperable, con la que no dependas de ninguna tecnología en particular y que esa arquitectura abierta la uses para atender al ciudadano”, dijo Zermeño.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx