Gasolineros piden gradualidad en aplicación de Ley de Economía Digital ante desafíos de conectividad

El sector gasolinero pide que la Ley de Economía Digital, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se implemente de manera gradual y después de evaluar la infraestructura de telecomunicaciones disponible en las estaciones de servicio, debido a que más de 500 establecimientos enfrentan problemas de cobertura o incompatibilidad tecnológica.

Durante una conferencia organizada por la consultora PetroIntelligence, representantes del gremio aclararon que la legislación faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar qué sectores estratégicos deberán adoptar pagos digitales. Sin embargo, señalaron que todavía no existe una obligación inmediata para las gasolineras, pues faltan las reglas específicas.

Víctor Arellano, director técnico normativo de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), afirmó que el sector está dispuesto a modernizar sus sistemas de cobro, siempre que la transición considere las condiciones económicas y operativas de los establecimientos.

"La digitalización debe ser económicamente viable para todos y no una obligación costosa para unos cuantos", dijo Arellano.

La preocupación radica en que una estación opera con un margen neto cercano a 1% sobre sus ventas, mientras que las comisiones bancarias pueden representar un porcentaje similar sobre el valor total de las transacciones.

Durante la conferencia se ejemplificó que, para una gasolinera que vende 500,000 litros al mes y factura aproximadamente 12 millones de pesos, una comisión bancaria de 1% representaría un costo mensual de 120,000 pesos. El cargo se aplica sobre el importe total pagado por el consumidor, incluidos el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

Arellano también advirtió sobre los efectos de restringir el efectivo cuando más de 75% de los consumidores no realiza pagos digitales habitualmente. Una aplicación general, sostuvo, podría desviar parte del consumo hacia establecimientos informales o combustibles de procedencia irregular.

"Creemos que la digitalización debe ser económicamente viable para todos y no solamente una obligación costosa para unos cuantos. Obviamente, lo que vemos es que no se debe limitar a la población en su derecho de usar el efectivo", mencionó el directivo de la Onexpo.

Conectividad condiciona aplicación

Rolando Alamilla, director de investigación de mercados en PetroIntelligence, señaló que las redes actuales no tienen condiciones homogéneas para soportar el procesamiento obligatorio de pagos digitales directamente en los dispensarios.

"La infraestructura de telecomunicaciones actual en México no soporta la transaccionalidad obligatoria de pagos digitales en pista", advirtió Alamilla.

Un estudio de la firma, realizado sobre un universo de más de 14,000 estaciones, identificó 23 establecimientos fuera de zonas con cobertura garantizada. Además, seis de las 16 terminales punto de venta más utilizadas no están homologadas para conectarse con la banda de 700 megahercios de Altán Redes, lo que afecta a unas 350 estaciones.

En una prueba realizada en la zona urbana de Actopan, Hidalgo, se registró una velocidad de descarga de 0.17 megabits por segundo, frente a los 2 a 5 megabits requeridos para procesar una transacción sin interrupciones.

Alamilla explicó que contar con cobertura no garantiza la velocidad ni la estabilidad necesarias. Las caídas de la red pueden provocar reintentos de cobro, activar alertas de fraude y bloquear preventivamente las tarjetas de los clientes.

"Para que el procesamiento del pago se pueda hacer de la forma correcta, requerimos al menos 2 MB por segundo de carga y entre 2 y 5 MB por segundo de descarga. Si nuestra velocidad de conexión no llega a esas capacidades, no llegan los paquetes completos, no hay una conexión correcta y esto va a marcar un error al momento de tratar de hacer la transacción", destacó el directivo de PetroIntelligence.

El especialista planteó realizar un diagnóstico estación por estación antes de fijar obligaciones. La revisión tendría que medir la cobertura, la velocidad efectiva, la estabilidad de la señal y la compatibilidad de las terminales.

Entre las alternativas técnicas mencionó el cableado Ethernet directo a los dispensarios, las conexiones con doble tarjeta SIM y los enlaces satelitales de respaldo.

Por otra parte, Edgar de Castro, presidente de la Asociación Brasileña de Tecnología para el Comercio y Servicios (ABOTACS), consideró que las exigencias regulatorias deben complementarse con menores costos bancarios e integración tecnológica.

“El éxito de la digitalización depende de la regulación bancaria de comisiones y de la integración tecnológica en la bomba”, señaló De Castro.

El especialista explicó que la adopción de PIX en Brasil avanzó después de que el banco central de ese país estableció transferencias inmediatas gratuitas para personas físicas y de bajo costo para los comercios. En el 2024, este sistema concentró 55% de las transacciones.

Los participantes plantearon que México mantenga el efectivo durante la transición, establezca comisiones reducidas o nulas para la venta de combustibles y garantice liquidez inmediata a los establecimientos. También pidieron que la SHCP considere las condiciones técnicas de cada estación antes de definir plazos generales para adoptar los pagos digitales.