SHCP propone endurecer medidas contra factureras y ampliar facultades para suspender RFC

La iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2026 coloca en el centro de la agenda el combate a las llamadas factureras, empresas que emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes y que, según el Paquete Económico 2026 entregado por la Secretaría de Hacienda este lunes en la Cámara de Diputados, han generado un daño millonario a las finanzas públicas.

Tal como lo había anticipado la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, una de las acciones centrales del Paquete es el endurecimiento de disposiciones contra el uso de facturas falsas. De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta busca dar cumplimiento al mandato constitucional que incluyó los falsos comprobantes fiscales en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoce que, pese a la implementación de los CFDI en el 2014, han surgido esquemas cada vez más sofisticados para simular operaciones. Muchas de estas redes operan mediante la creación de nuevas sociedades integradas por los mismos socios previamente señalados en listas negras. Para frenar este ciclo, la reforma faculta al SAT a negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando detecte vínculos con empresas catalogadas como factureras o con antecedentes de operaciones simuladas.

Otra medida clave será la suspensión inmediata de la facturación cuando la autoridad presuma la emisión de comprobantes falsos. A través de un procedimiento denominado visita domiciliaria expedita, el SAT podrá detener la emisión de CFDI desde el inicio de la revisión y, en plazos breves, determinar si las operaciones amparadas son reales. En caso de confirmarse la irregularidad, el contribuyente perderá su sello digital y su nombre será publicado en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación.

El documento subraya que estas medidas se aplicarán principalmente a personas morales, al ser las que concentran la mayor parte de las operaciones simuladas y forman parte de redes organizadas de evasión fiscal. A su vez, los receptores de facturas falsas tendrán 30 días para corregir su situación; de no hacerlo, también se arriesgan a sanciones como la restricción de su sello digital.

El endurecimiento incluye, además, la posibilidad de que la autoridad presente querellas penales contra representantes legales y socios vinculados a la emisión de comprobantes falsos, ampliando la persecución de la responsabilidad más allá de la empresa fachada.

En conjunto, estas medidas buscan atacar lo que el propio gobierno denomina “la génesis de la problemática”: la creación y operación de redes de facturación simulada que contaminan al sistema tributario y fomentan la evasión. La apuesta es dotar al SAT de instrumentos jurídicos más ágiles y contundentes para frenar estas prácticas y proteger los ingresos públicos.

Validación de identidad

Otro cambio relevante es la eliminación de la verificación de identidad por terceros. Con la reforma al artículo 17-F, sólo el SAT será la autoridad encargada de validar los datos de los contribuyentes al momento de tramitar la e.firma, con el objetivo de reducir riesgos en el uso de información personal.

En materia de simplificación, se prevé que las personas físicas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza ya no estén obligadas a presentar declaración anual. Bastará con los pagos mensuales definitivos, lo que se traduce en menos carga administrativa para pequeños contribuyentes.

La iniciativa también fija un plazo máximo para cancelar facturas electrónicas (CFDI): los contribuyentes podrán hacerlo hasta el mes en que corresponda presentar la declaración anual del ISR.