La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó de un caso en donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) violó los derechos de un contribuyente al darle largos tiempos de espera tras una consulta.

El ombudsman fiscal, a cargo de Diana Bernal, indicó que el caso proviene de una empresa que, desde junio del año pasado, acudió al órgano recaudador para resolver una consulta sobre la situación fiscal en la cual se encontraba.

Cabe destacar que de acuerdo con el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación (CFF), los contribuyentes podrán acudir a las autoridades fiscales a solicitar que les resuelvas sus consultas que tengan sobre la aplicación de la ley fiscal, siempre y  cuando se refieran a situaciones reales y concretas en las que se encuentren.

La empresa en cuestión consultó SAT, a cargo de Osvaldo Santín, para saber si el Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo causaba sobre el importe total de la nómina de sus trabajadores –la cual es administrada por un tercero- o bien, si sólo debía cubrir ese impuesto sobre la comisión que paga por esa administración.

“Como el administrador central de Normatividad en Impuestos Internos del SAT nunca le contestó al contribuyente, éste acudió a la Prodecon a presentar una queja para que la autoridad le resolviera su consulta, ya fuera en sentido positivo o negativo”, detalló la procuraduría.

Añadió que, así como muchos contribuyentes que acuden a ella, lo único que esta empresa desea es tener certeza jurídica sobre cómo cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales.

Sin embargo, aún con la queja tramitada y pese a que la Prodecon, en reiteradas ocasiones, requirió al administrador del SAT que resolviera la duda del contribuyente, éste se limitó a expresar que no podía exigírsele justificar su retraso en el tiempo de respuesta.

Asimismo, el funcionario público acotó que, en todo caso, el contribuyente tenía la posibilidad de interponer los medios de defensa que “en derecho procedieran”.

Lo anterior, aseveró la Prodecon, es una flagrante violación al derecho de petición que está explícito en el artículo 8 constitucional, el cual señala que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición de los ciudadanos mexicanos, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.

 “Lo inédito del caso es que la autoridad del SAT aduce que no le causa perjurio alguno al contribuyente ya que éste puede ‘continuar esperando’ a que el fisco dicte la resolución, o bien, ir a pelear a tribunales, es decir, que pretende que los derechos fundamentales se debatan en juicio para que se cumplan”, agregó el ombudsman fiscal.

A su vez, el administrador central en cuestión desafía abiertamente la defensa ciudadana, no judicial, de derechos que realiza la procuraduría.

Cabe destacar que los pagadores de impuestos pueden acudir a la Prodecon para resolver sus dudas respecto a temas fiscales e, incluso, interponer quejas contra las autoridades fiscales si sienten que éstas han vulnerado sus derechos como contribuyentes. Dichos servicios son totalmente gratuitos.

ana.martinez@eleconomista.mx