Este jueves es un día decisivo para definir el futuro de Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, empresa que funcionaba como sociedad financiera popular (sofipo) que, por una supuesta triangulación de recursos, desfalcó a más de 6,800 personas.

Hoy en Estados Unidos, tendrá que resolver su estatus migratorio en aquel país, con posibilidades de que regrese a México.

Según fuentes enteradas del caso, este jueves será el inicio de la audiencia donde Olvera Amezcua explique su situación migratoria al gobierno de Estados Unidos, al ser señalado por falsear información para ingresar a ese país, luego de que se diera a conocer el presunto desfalco de Ficrea, a finales del 2014.

En este proceso, que podría durar de tres a cuatro meses, hay dos escenarios: que se defina que la situación migratoria de Olvera Amezcua en aquel país es irregular, por lo que podría ser deportado a México, o que se compruebe que su estatus migratorio es legal, lo que le daría la opción para permanecer en EU.

En caso de que se defina que su estatus migratorio en Estados Unidos es irregular, el señalado todavía podría apelar la determinación, lo cual llevaría algunos meses más para una resolución definitiva.

“Está por decidirse si el señor será deportado. Ésa es la forma más rápida para que pueda regresar a territorio mexicano, porque está debidamente cimentada (la denuncia)con las falsedades de sus declaraciones”, indicó Fernando González Santillana, interventor en el concurso mercantil de Ficrea.

Hace algunas semanas, Olvera Amezcua evitó ser llevado a juicio ante una corte de Estados Unidos por una demanda civil realizada por el síndico del concurso mercantil de Ficrea, Javier Navarro Velasco, que tenía el fin de quitarle bienes para que puedan ser incorporados al proceso mercantil a favor de los casi 4,900 afectados que esperan recuperar sus recursos.

Para no ser llevado a juicio, Olvera Amezcua aceptó ceder bienes en Estados Unidos y España; sin embargo, eso no aclaró su situación migratoria, por la cual está detenido desde mayo pasado.

En México, autoridades lo acusan por lavado de dinero, violaciones a la ley de ahorro y crédito popular y hasta delincuencia organizada; sin embargo, su defensa ha logrado obtener amparos con el fin de evitar la extradición al país u órdenes de aprehensión giradas en su contra.

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