Entre los factores externos está la situación climatológica del estado de Texas que ocasionó una tormenta invernal que duró casi siete días y provocó que la temperatura bajara hasta -10 grados Celsius. Ante esta situación, no vista en la historia moderna de ese estado, y considerando que Texas maneja un sistema eléctrico independiente del resto de su país, se registraron dos situaciones extraordinarias:

1. El precio del gas se disparó de UScy$3/mmbtu a UScy $600/mmbtu.

2. La Railroad Commission of Texas (regulador de energía de dicho estado), acatando un mandato del Gobernador de Texas, ordenó la suspensión de la exportación de gas natural, incluyendo a México.

La suspensión de la exportación de gas natural afectó a México debido a que más del 60% de la generación eléctrica en el país se realiza con base en el gas natural y el 80% de éste proviene de Estados Unidos, principalmente de Texas. De ahí que tanto el costo estratosférico del gas, así como su insuficiencia provocaran que centrales eléctricas mexicanas no estuvieran en posibilidades de generar electricidad. Esta situación implicó que, para evitar una afectación mayor y daños al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) implementará un programa de apagones continuos (rolling blackouts) en diversas regiones del país.

La experiencia de los apagones planteó que, si México contara con una infraestructura energética más sólida, los efectos de lo que ocurre en el otro lado del Río Bravo hubiesen aminorado, porque los factores externos no necesariamente deben afectar a la infraestructura eléctrica nacional, como fue el caso. Los apagones demostraron que varios factores internos impidieran parar los efectos de las condiciones externas, entre estos destacan seis:

  1. Falta de inversión en almacenamiento eléctrico para impulsar las energías limpias e intermitentes.
  2. Insuficiente infraestructura de almacenamiento de gas natural.
  3. Recomposición en la matriz de generación eléctrica impulsando fuentes renovables.
  4. Reforzar los mecanismos de cooperación internacional.
  5. Inexistencia de compra de coberturas financieras para contar con gas disponible y a precios accesibles por parte de la CFE.
  6. Retrasos en el programa de ampliación y modernización de la infraestructura de transmisión eléctrica.

Consecuencias y alternativas

Se estima que el apagón de febrero de 2021 provocó pérdidas económicas para la industria y comercio nacional de, al menos, 7,200 millones de dólares, en parte por el cierre provisional de más de 2,600 plantas industriales del país lo que, probablemente, causará una caída o hasta una contracción en el PIB en el primer trimestre de este año.

Aunado a lo anterior, la falta de disponibilidad de energía (gas natural y electricidad), que provocó paros técnicos en todo el país, ha generado una situación delicada en cuanto a incumplimiento de compromisos contractuales por parte de la industria.

Para abordar los seis factores referidos se requiere una estrategia conjunta entre la iniciativa privada y el gobierno que sea apolítica y no ideológica para impulsar la soberanía energética, pero que a la vez fomente la transición a energías limpias. Para ello, es crucial iniciar un debate democrático, respetuoso, técnico y abierto entre el gobierno, la iniciativa privada y la academia sobre la trascendencia de impulsar la seguridad energética mexicana y fortalecer su débil infraestructura.

Con actos preventivos, evitaremos situaciones como el apagón de febrero de 2021 que implicó daños cuantiosos en la economía de México y en la calidad de vida de sus habitantes. Sin embrago la Ley de la Industria Eléctrica va en sentido contrario a las evidencias de modernización del sector eléctrico.

Jorge A. Arrambide es Socio en Santos–Elizondo, S.C. y Vicepresidente del Comité Técnico de Energía del IMEF

jam@santoselizondo.com