Ven anomalías en cifra de casos de homicidio del país

La organización Causa en Común advirtió que las cifras oficiales sobre incidencia delictiva en México “no son confiables”, debido a la subregistro, manipulación y reclasificación de delitos con fines de propaganda política, lo que impide generar diagnósticos y políticas públicas basadas en evidencia.

En su estudio “Incidencia delictiva 2025… y algunas anomalías”, la asociación civil examinó los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), donde identificó comparativos “caprichosos” y posibles alteraciones en las categorías de delitos.

La organización detalló que las anomalías se encuentran en homicidios dolosos en al menos nueve estados, donde la violencia continúa documentándose en medios locales, lo que sugiere una subregistro o reclasificación.

Tal es el caso de Morelos, que reportó una baja de 37% en víctimas de homicidio doloso, mientras que el culposo subió 78%, otro caso es el de Colima en donde bajó 25% en el primer delito y en el segundo escaló 71 por ciento.

Asimismo, Nuevo León tuvo una reducción 28% y un alza de 25%, Zacatecas y Yucatán tuvieron reducción de 57% y alza de 38 por ciento.

También que en varias entidades los homicidios se reportan bajo otras categorías, como “lesiones” o “otros delitos contra la vida y la integridad corporal”, lo que genera inconsistencias internas en las bases de datos.

Chihuahua documentó una baja de 10% en homicidio doloso y alza de 250% en delitos contra la vida y la integridad. San Luis Potosí bajó 31% y subió 32%; Sonora fue de 9 y 64% y Chiapas de 57% y 38%, respectivamente.

Irregularidades

Por otro lado, se habló sobre que las cifras de personas desaparecidas y no localizadas no guardan correlación con los niveles de violencia letal, fenómeno que podría reflejar un mecanismo de encubrimiento o falta de coordinación entre fiscalías estatales y autoridades federales.

El reporte también alertó sobre anomalías en delitos patrimoniales, como el robo a transportista o robo de vehículo, cuyos incrementos o reducciones no coinciden con las tendencias nacionales ni con los reportes de aseguradoras o cámaras empresariales.

“La subestimación y distorsión de la delincuencia con fines políticos son de tal magnitud que los reportes oficiales dejan de ser una herramienta útil para diseñar estrategias de seguridad”, subrayó la organización.

Los hallazgos apuntaron a que algunos gobiernos locales han modificado la forma de registrar los delitos o presentan omisiones sistemáticas en el reporte mensual al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Uno de los recursos consiste en mezclar las cifras del Inegi con las del SESNSP al momento de hacer comparativos interanuales para el periodo 2018-2024. Dado que el número de víctimas reportadas por el Inegi es mayor a las reportadas por el SESNSP, al comparar ambos registros, el gobierno federal presenta reducciones falsas”, denunció la ONG.