Septiembre-octubre, meses críticos para los ciclones: ¿qué industrias mexicanas están más expuestas?

Septiembre y octubre representan el periodo históricamente más crítico de la temporada de ciclones tropicales para México. De los 270 sistemas que impactaron algún punto de las costas del país entre 1971 y 2020, 99 lo hicieron en septiembre y 69 en octubre, por lo que ambos meses concentraron en conjunto 62.3% de los impactos registrados durante esos 50 años, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El escenario de 2026 agrega otros elementos de riesgo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una actividad ciclónica superior al promedio en el Pacífico, con entre 18 y 21 sistemas con nombre, mientras que las lluvias tendrían un nuevo repunte durante septiembre y octubre. Además, entre las entidades con mayor incidencia histórica de impactos aparecen Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.

A ello se suma El Niño. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó el 3 de septiembre que el fenómeno ya se encuentra consolidado y continuará fortaleciéndose, con una probabilidad cercana a 100% de persistir tanto entre septiembre y noviembre de este año como de diciembre de 2026 a febrero de 2027. El organismo prevé que alcance una intensidad muy fuerte antes de su máximo hacia finales del año.

Sin embargo, la amenaza para la economía mexicana no puede medirse únicamente por el número o categoría de los huracanes. Una cancelación hotelera, la suspensión de operaciones en un puerto, una cosecha dañada, un corte eléctrico o la interrupción de una carretera pueden trasladar los efectos desde las costas hacia empresas ubicadas a cientos de kilómetros.

Para Bernardo Bastien-Olvera, investigador de la UNAM especializado en cambio climático y sus impactos sociales y económicos, el problema surge cuando los choques climáticos golpean a sociedades y actividades productivas que ya presentan condiciones de vulnerabilidad.

En entrevista con El Economista, el especialista explicó que estas condiciones preexistentes pueden amplificar los efectos de fenómenos extremos y convertir un evento climático en un problema con consecuencias económicas y sociales de mayor alcance.

Turismo y agricultura, entre las actividades más expuestas

La concentración de infraestructura y actividad económica en los destinos costeros convierte al turismo en uno de los sectores donde los efectos de un ciclón pueden hacerse visibles con mayor rapidez.

Quintana Roo, uno de los cinco estados con mayor incidencia histórica de impactos ciclónicos, contaba a junio de este año con 1,479 establecimientos de hospedaje y 140,592 habitaciones. Sólo Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, concentraba 215 establecimientos y 47,344 cuartos, según la Secretaría de Turismo federal.

Pero el costo para un hotel puede comenzar incluso antes de que el fenómeno llegue.

Claudio Guerrero, gerente de Restaurantes del Hotel Kempinski Cancún, explicó en entrevista con El Economista que desde que aumenta la probabilidad de un impacto pueden aparecer cancelaciones, modificaciones de vuelos o huéspedes que deciden abandonar anticipadamente el destino. Al mismo tiempo, los establecimientos comienzan a movilizar mobiliario, proteger instalaciones y preparar al personal.

Si posteriormente existen afectaciones, se acumulan dos tipos de presión: el ingreso que dejó de generarse mientras la actividad estuvo suspendida y los recursos necesarios para reparar la infraestructura.

La agricultura presenta una exposición diferente. Bastien-Olvera la ubica entre las actividades particularmente sensibles porque los cultivos dependen directamente de las condiciones meteorológicas, mientras que los trabajadores agrícolas también están expuestos a calor extremo y otros eventos.

El riesgo adquiere relevancia en estados con alta producción agroalimentaria. Sinaloa, por ejemplo, está entre las entidades con mayor incidencia de ciclones y produce más de 12 millones de toneladas de alimentos con un valor superior a 80,000 millones de pesos, de acuerdo con Agricultura.

Esto no significa que todo ese valor se encuentre en riesgo ante un solo ciclón, sino que muestra la cantidad de actividad económica concentrada en un territorio históricamente expuesto.

Un huracán puede golpear una empresa sin tocar sus instalaciones

La exposición tampoco termina en las costas ya que un ciclón puede no pasar cerca de una fábrica y, aun así, afectar sus operaciones si interrumpe los puertos, carreteras, electricidad o proveedores de los que depende.

Bastien-Olvera sostiene que una empresa debe analizar no sólo la resistencia de su infraestructura física, sino también de dónde provienen los insumos que entran a su proceso productivo. Un choque sobre la agricultura, por ejemplo, puede terminar trasladándose hacia industrias que utilizan esos productos como materia prima.

Entre enero y julio de 2026, el puerto de Manzanillo movilizó 2 millones 455,956 TEU, equivalentes al 43.4% del total registrado por los puertos mexicanos durante ese periodo, de acuerdo con datos del Gobierno de México. El TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) es la unidad utilizada internacionalmente para medir la capacidad de carga de los contenedores y equivale a un contenedor estándar de 20 pies de longitud. En otras palabras, Manzanillo concentró más de cuatro de cada 10 TEU movilizados en los puertos del país.

Una suspensión preventiva o daños en un nodo de esa magnitud pueden generar efectos hacia actividades que dependen de importaciones o exportaciones aun cuando sus instalaciones se encuentren lejos de la trayectoria de un ciclón.

El impacto puede seguir una cadena:

Puerto → transporte → insumos → fábrica → inventarios → distribución.

Sectores como automotriz, manufactura o minería, por tanto, tampoco están aislados del riesgo climático. Bastien advierte que incluso actividades que parecen menos relacionadas directamente con las condiciones meteorológicas pueden enfrentar interrupciones por insumos, transporte, calor extremo o condiciones que obliguen a modificar la operación.

El costo comienza antes de tocar tierra

La prevención también tiene un costo económico. Una amenaza ciclónica puede provocar cierres portuarios, cambios de vuelos, evacuaciones, suspensión de actividades y gastos empresariales aun si finalmente el ojo del huracán no toca la zona inicialmente prevista.

Esta secuencia puede entenderse como un costo preventivo: recursos y actividad económica sacrificados para reducir pérdidas potencialmente mucho mayores.

En el sector hotelero, Guerrero explicó que el monitoreo comienza con días de anticipación y que las instalaciones deben protegerse mucho antes de conocer con certeza cuál será el impacto final.

El beneficio de esas decisiones no siempre resulta evidente precisamente porque su objetivo es evitar un daño superior.

Además, durante septiembre y octubre la vulnerabilidad meteorológica puede aumentar por la interacción de sistemas. Conagua advierte que en la transición del verano al otoño los frentes fríos y masas de aire provenientes del norte pueden encontrarse con ciclones tropicales, modificar sus trayectorias o incluso favorecer que permanezcan durante más tiempo sobre una región.

Otis: restablecer los servicios no significa recuperar la economía

El huracán Otis ofrece uno de los ejemplos más claros de que el impacto económico puede durar mucho más que el fenómeno meteorológico.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señaló que los daños y pérdidas ocasionados por desastres durante 2023 equivalieron a alrededor de 0.3% del PIB nacional y fueron cuatro veces mayores que un año antes, principalmente debido a Otis. Los ciclones tropicales concentraron 98.4% de los daños registrados por fenómenos hidrometeorológicos.

La intensidad también sorprendió por la velocidad con la que cambió el sistema: autoridades federales reportaron que Otis pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas, con vientos que evolucionaron de 64 a 270 kilómetros por hora.

Una de las señales más claras apareció después del impacto. A 29 días del desastre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había restablecido el servicio para 98% de los 284,850 usuarios afectados en Acapulco. Sin embargo, la demanda eléctrica recuperada era de apenas 170 megawatts, equivalente a 65% de los 260 MW registrados antes de Otis.

En ese mismo momento, la red de agua atendía a 90% de la población, Telcel había recuperado 83% de sus servicios y AT&T 45%.

La infraestructura comenzaba a funcionar, pero la demanda todavía mostraba que una parte importante de la actividad seguía sin recuperar su nivel previo.

En julio de 2026, Acapulco alcanzó 17,555 habitaciones hoteleras en operación distribuidas en 313 hoteles, cerca de 90% de su capacidad previa a Otis, según el gobierno de Guerrero.

La comparación debe tomarse con cautela, porque después de Otis otros fenómenos, como el huracán John en 2024, también afectaron el proceso de recuperación. Pero el caso ilustra una diferencia fundamental:

que un huracán termine no significa que su impacto económico haya terminado.

La vulnerabilidad también se construye

La misma intensidad de un ciclón tampoco genera necesariamente las mismas consecuencias en todos los territorios.

Adrián González, licenciado en Geografía por la UNAM, explicó para El Economista, que la expansión urbana hacia periferias con vivienda e infraestructura deficientes puede incrementar la vulnerabilidad. Cuando además se retira vegetación, se erosiona el suelo o aumenta la superficie pavimentada, disminuye la capacidad de infiltración y aumenta el flujo del agua sobre calles y pendientes.

Por ello, un desastre no depende únicamente de la fuerza del fenómeno, sino también de las condiciones sociales, económicas, urbanas y de infraestructura que encuentra a su paso, señala.

Bastien-Olvera lleva esta discusión al terreno económico mediante tres elementos que sostienen la producción: capital manufacturado, capital humano y capital natural. La dependencia de cada uno cambia entre territorios y también modifica su vulnerabilidad.

El problema aparece cuando el desarrollo económico destruye precisamente el capital natural que funcionaba como protección.

El investigador pone como ejemplo los manglares: su eliminación para permitir otro tipo de infraestructura puede generar beneficios económicos inmediatos, pero al mismo tiempo reducir una barrera natural frente al oleaje y los fenómenos costeros. Lo compara con “vender el techo de tu casa para comprarte muebles”: se obtiene un beneficio en el corto plazo a costa de eliminar parte de la protección de aquello que se acaba de construir.

¿Cómo pueden prepararse las empresas?

El episodio actual de El Niño amplía la discusión más allá de la temporada de huracanes.

La OMM advierte que un evento muy fuerte puede modificar significativamente los patrones de temperatura y precipitación en distintas partes del planeta, aunque sus consecuencias no son iguales en todas las regiones. Por ello, El Niño no significa automáticamente que más huracanes vayan a impactar México.

Bastien-Olvera considera que el primer paso para las industrias es conocer cómo cambian los riesgos según la región y la temporada. Después, las empresas deben revisar la capacidad de resistencia de su infraestructura, las condiciones para sus trabajadores y las vulnerabilidades existentes entre sus proveedores e insumos.

Eso implica que la adaptación empresarial ya no puede limitarse a reforzar ventanas, edificios o bodegas.

También debe preguntarse:

¿qué ocurre si deja de funcionar el puerto que trae mis insumos?, ¿si mis proveedores pierden su cosecha?, ¿si los trabajadores no pueden llegar?, ¿si falta electricidad?, ¿si el aeropuerto permanece cerrado o si el destino tarda semanas en recuperar visitantes?

El reto, desde esta perspectiva, es pasar de reaccionar al desastre a identificar previamente los puntos en los que una empresa, industria o territorio puede dejar de operar.

Un ciclón puede desaparecer del mapa en cuestión de horas. Su costo económico puede comenzar días antes y permanecer durante meses o incluso años.