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Regresan al Senado, con cambios, minuta sobre ley de amparo
Al cierre de esta edición, el Pleno de la Cámara de Diputados había aprobado la reforma en lo general y seguía con la discusión de las más de 300 reservas presentadas al dictamen.

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Con cambios de último momento, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen a la minuta proveniente del Senado que reforma la Ley de Amparo y con lo que se modifican las reglas para acceder a este recurso legal.
Al cierre de esta edición, el Pleno de la Cámara de Diputados había aprobado la reforma en lo general y seguía con la discusión de las más de 300 reservas presentadas al dictamen.
Tras más de 10 horas de discusión y sin el apoyo de la oposición, Morena y sus aliados aprobaron cambios a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, así como otras modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; todo esto como parte de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este dictamen para reformar el Amparo- un recurso legal que puede proteger los derechos de la población frente a omisiones o violaciones cometidas por cualquier autoridad mexicana- se envió de regreso al Senado de la República, donde una vez que sea analizado y votado, pasará al Ejecutivo Federal para su publicación, siempre y cuando no se le realice alguna otra modificación.
Regresan al inicio
Aunque un día antes en comisiones de San Lázaro se avaló modificar la minuta para borrar aquel transitorio aprobado por el Senado que permitía la retroactividad de las nuevas disposiciones; no obstante, en el pleno, Morena perfiló regresar, con algunos cambios en su redacción, dicho transitorio polémico.
Lo anterior, a través de un reserva presentada por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), quien planteó eliminar el texto original del tercero transitorio que indicaba que “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”.
Y reemplazarlo por uno en el que dependiendo de las etapas procesales se aplicaría la nueva Ley de Amparo o la anterior; una clase de retroactividad “a modo” y cuya redacción es casi idéntica a la propuesta que hizo el ministro en retiro Arturo Zaldívar en la conferencia mañanera del 3 de octubre.
Es así que este transitorio quedaría de la siguiente manera: “Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos.
“Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.
Sobre este asunto, el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, acusó que esta reserva es una “trampa (...) regresa la retroactividad de la reforma (...) la ley se aplicará a juicios en proceso. Una burla (...) el poder hace leyes a modo. La última de la noche es el truco”, dijo.
Asimismo, Morena impulsó otras dos modificaciones a través de reservas. La primera, presentada por Ricardo Mejía Berdeja (PT), en conjunto con Ricardo Monreal Ávila (Morena), para establecer que no procedería la suspensión de amparo en aquellos casos en los que se pretenda continuar con la realización de actividades o la prestación de servicios que requieran de un permiso o autorización, o concesión, otorgado por la autoridad competente.
Mientras que la segunda, propuesta de Julio César Moreno Rivera (Morena) junto con la Dip. Mariana Benítez Tiburcio (Morena), fue para sustituir el concepto de “interés público” por “disposiciones de orden público”, ello al señalar que se elimina el concepto “confuso” de interés público, con el fin de preservar el equilibrio entre el interés social y las disposiciones de orden público expresados en la ley.
Durante la discusión, el diputado Germán Martínez Cázares (PAN) acusó que reformar ahora esta ley es defraudar y timar a las víctimas.
En su turno, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, aseguró que las modificaciones propuestas buscan fortalecer el acceso a la justicia, mediante la digitalización de procedimientos, la reducción de cargos procesales y la armonización entre expedientes físicos y electrónicos.
Fitch alerta impacto para las empresas
La reforma propuesta por la titular del Ejecutivo federal a la Ley de Amparo podría afectar una gama de actividades económicas del país y reduciría la previsibilidad para las empresas, alertó Fitch Ratings.
Mediante un comunicado, la firma explicó que la propuesta podría elevar el riesgo regulatorio ya que limitaría la capacidad de los tribunales para suspender actos administrativos y restringir el alcance de la protección judicial.
Fitch considera que los sectores afectados podrían ser el energético, de transporte, telecomunicaciones, minería e infraestructura social.
De acuerdo con la calificadora la aprobación de la iniciativa dejaría más vulnerables a los emisores cuyos modelos de negocio dependen de permisos y autorizaciones gubernamentales, al aumentar la fricción con las autoridades y reducir las protecciones confiables frente a decisiones unilaterales.
“Una mayor exposición a acciones administrativas adversas podría interrumpir operaciones, retrasar proyectos en curso, reducir ingresos y presionar la rentabilidad”, expuso la firma.
Bajo este contexto, refirió que con el tiempo lo anterior podría desincentivar la inversión, limitar el acceso a los mercados y ampliar los diferenciales de crédito para quienes estén más expuestos a decisiones discrecionales. (Redacción)
