Piden crear política integral de uso de celulares en escuelas

La regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas requiere algo más que prohibirlos o retirarlos de las aulas, pues una política efectiva debe incluir reglas claras, excepciones médicas y pedagógicas, protocolos de emergencia, sanciones proporcionales y mecanismos para evaluar sus resultados, advirtieron especialistas de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

Durante la mesa de análisis De vuelta a clases: ¿con o sin celular?, académicos de las áreas de Psicología, Educación y Derecho coincidieron en que una prohibición generalizada difícilmente resolverá por sí sola problemas como la distracción, el ciberacoso, la ansiedad o el bajo rendimiento escolar.

Sandra Montes de Oca, directora del Departamento de Psicología de la Ibero, planteó seis elementos que deberían formar parte de cualquier regulación escolar.

El primero es establecer reglas precisas sobre el uso de los dispositivos durante clases, evaluaciones y actividades académicas, incluyendo cuándo deben permanecer apagados o guardados.

Además, se explicó que la regulación también tendría que contemplar excepciones por motivos pedagógicos, médicos, de discapacidad, accesibilidad, seguridad o emergencia.

También, se debería sumar un protocolo institucional de comunicación que permita a madres, padres y estudiantes establecer contacto en situaciones de emergencia sin depender directamente del teléfono durante la jornada escolar.

Montes de Oca también propuso establecer consecuencias educativas y proporcionales ante el incumplimiento de las reglas, con el objetivo de evitar medidas como confiscaciones prolongadas o sanciones que terminen afectando el aprendizaje.

Otro aspecto, señaló, es definir qué harán los estudiantes en lugar de utilizar el celular. En caso de que la restricción se extienda a los recreos, las escuelas deberían generar alternativas que promuevan el juego, el movimiento, la conversación y la convivencia.

Cimenna Chao Rebolledo, directora general de Planeación Estratégica e Innovación, señaló que cualquier restricción debería estar acompañada de una estrategia de alfabetización digital.

Esto, según comentó, implica que las escuelas no sólo enseñen a utilizar dispositivos, sino que desarrollen en los estudiantes la capacidad de analizar críticamente la información que reciben, identificar sesgos, evaluar fuentes y reconocer los intereses detrás de los contenidos digitales.

Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho, consideró que la discusión debe superar la disyuntiva entre permitir o prohibir los celulares y avanzar hacia una política de Estado sobre la incorporación de tecnologías en la educación.

Desde una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, explicó que las restricciones pueden ser válidas cuando tienen una finalidad clara, son proporcionales y no generan afectaciones innecesarias a derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión, la participación y la autonomía progresiva.