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México pide a la CCA desestimar denuncias civiles sobre presuntas irregularidades en proyecto Tren Ímuris-Nogales
Las ambientalistas CBD y CEMDA sostienen que la construcción de las vías del tren afectarán una área natural protegida, hábitat de especies endémicas listadas en peligro de extinción.
Foto EE: Cortesía
El gobierno de México solicitó a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) dé por terminada la petición de aplicación efectiva de la legislación ambiental en términos del capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), presentada por el Centro para la Diversidad Biológica (CBD) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quienes denunciaron que México incurrió en omisiones en la aplicación efectiva de su ley ambiental en el proyecto ferroviario que conectará a los municipios de Ímuris, Santa Cruz y Nogales en el estado de Sonora, México.
El 2 de octubre de 2024, el CBD y el CEMDA, presentaron una petición ante el secretariado de la CCA, en la que aseguran que las autoridades ambientales mexicanas incurrieron en la omisión de aplicar efectivamente la legislación ambiental, respecto de la evaluación de los impactos ambientales asociados al citado proyecto ferroviario y la afectación de un Área Natural Protegida (ANP), hábitat de especies, endémicas y/o que se encuentran listadas en peligro de extinción.
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Los peticionarios afirman que la construcción del tren en cuestión no se sometió a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) adecuado, requerido para este tipo de proyectos de infraestructura, y que —además de no haber evaluado, antes de dar inicio a la obra, los impactos que la línea de tren puede tener en el medio ambiente— México tampoco emitió de manera oportuna la correspondiente autorización ambiental que apruebe llevar a cabo el proyecto, incumpliendo así con el carácter preventivo del procedimiento de EIA.
Refieren que, aun cuando el gobierno de Sonora supuestamente solicitó una autorización provisional para el proyecto, este tipo de documento no existe en términos de la legislación ambiental aplicable.
Alegan que, al no seguir el proceso de EIA y al tratar la información relacionada con el proyecto de manera confidencial, las autoridades pertinentes están ocultando al público los impactos del proyecto.
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También mencionan que el proyecto atraviesa un área natural protegida: la zona de conservación conocida como Rancho El Aribabi, y que contribuye a la fragmentación de hábitats en una región biodiversa que alberga diversas especies, entre las que figuran algunas en peligro de extinción como jaguar, ocelote y oso negro, y cuando menos una endémica, que es la tortuga pecho quebrado sonorense.
En su respuesta, el gobierno mexicano señala que la petición no cumplió con todos los requisitos de admisibilidad y sostiene que el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no constituye una ley ambiental conforme a la definición del T-MEC.
Además, expone que el asunto planteado en la petición es objeto de una “Denuncia Popular”, la cual constituye un procedimiento administrativo pendiente de resolverse y, por lo tanto, solicita al Secretariado dar por terminada la Petición.
También señala que la evaluación de impacto ambiental del proyecto ferroviario de Sonora se llevó a cabo acorde con los plazos y la legislación en vigor en el momento de desarrollar la obra y asegura que el proyecto ferroviario no atraviesa un Área Natural Protegida como lo mencionan los Peticionarios, dado que las zonas potencialmente afectadas por el trazo del proyecto dejaron de contar con una categoría de protección bajo el régimen federal de áreas protegidas.
En los próximos días el Secretariado deberá informar si se amerita la recomendación de un expediente de hechos.
