CNBV ha alertado de peligros por corrupción política y lavado de dinero

Las autoridades mexicanas han reconocido desde hace años que la corrupción y el lavado de dinero (LD) mantienen una estrecha relación, por lo que reguladores como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han recomendado a las entidades financieras aplicar medidas reforzadas de monitoreo y debida diligencia sobre funcionarios de alto perfil, conocidos como Personas Políticamente Expuestas (PEP).

En guías anticorrupción publicadas en el 2019 y 2020, la CNBV advirtió que las PEP pueden representar mayores riesgos de lavado de dinero relacionado con corrupción. Asimismo, señaló que estudios de caso internacionales muestran el uso de mecanismos como prestanombres, fideicomisos, intermediarios y transferencias para ocultar recursos de origen ilícito.

“La corrupción y el LD están intrínsecamente vinculados, ya que los recursos obtenidos por actos de corrupción, al ser ilícitos, requieren ser sometidos a mecanismos para ocultar su origen y darles una apariencia de legalidad”, se puede leer en una guía emitida por la CNBV en el 2019.

La guía añade que las PEP que realizan actos de corrupción “se tomarán grandes molestias para ocultar su identidad y el origen de los recursos, a fin de colocar el dinero derivado de actos de corrupción en el sistema financiero sin sospechas”. Asimismo, indica que pueden usar personas morales, fideicomisos, prestanombres, efectivo, transferencias y países con controles débiles contra lavado de dinero.

Las guías anticorrupción de la CNBV retoman estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, según los cuales las instituciones financieras deben contar con mecanismos para identificar si un cliente o beneficiario final es una PEP y, en casos de mayor riesgo, aplicar medidas reforzadas de debida diligencia.

Entre las acciones mencionadas se encuentran obtener aprobación de directivos para mantener relaciones comerciales, contar con políticas antisoborno, identificar el origen de la riqueza o los recursos y realizar un monitoreo continuo intensificado sobre las operaciones.

Riesgo político-criminal

Para especialistas en cumplimiento, el caso de los funcionarios señalados en la acusación presentada en Nueva York refuerza la necesidad de las entidades financieras aplicar revisiones más estrictas sobre perfiles políticos y estructuras relacionadas.

Juan Medrano Castro, especialista en cumplimiento de J&A Global Compliance, indicó que las instituciones financieras deben ampliar sus análisis de riesgo ante posibles vínculos entre corrupción, crimen organizado y estructuras de poder.

“La debida diligencia ampliada, el monitoreo de transacciones y el análisis de comportamiento financiero deben incorporar variables de riesgo político-criminal, incluyendo vínculos potenciales con organizaciones ilícitas”, indicó.

Según el especialista, la evaluación de riesgos debe considerar conexiones regionales y operaciones transnacionales relacionadas con lavado de dinero y corrupción.