Castro, vicefiscal de Sinaloa acusado por EU pide licencia

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el vicefiscal general, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo a partir de este 5 de mayo de 2026.

Según un comunicado oficial, la solicitud fue presentada conforme a diversos ordenamientos legales, entre ellos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como disposiciones de la Ley Orgánica de la propia Fiscalía estatal.

La institución no detalló las razones de la separación temporal del funcionario, pero precisó que el trámite se realizó bajo los mecanismos legales correspondientes.

En el mismo documento, Castro Zaavedra manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que pudiera surgir, “por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”.

Señalamiento

El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, fue acusado por autoridades de Estados Unidos de formar parte de una red de funcionarios que presuntamente colaboraron con el narcotráfico para facilitar el envío de drogas hacia ese país.

De acuerdo con una acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Castro Zaavedra enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, así como por delitos relacionados con posesión de armas de alto poder.

Según el documento judicial, el funcionario habría mantenido vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos, a quienes presuntamente brindaba protección institucional.

La acusación señala que Castro Zaavedra habría recibido pagos mensuales cercanos a 11,000 dólares a cambio de proteger a integrantes del cártel, evitar su detención e incluso alertarlos sobre operativos de seguridad respaldados por autoridades estadounidenses.

Además, se le atribuye haber utilizado su posición dentro de la fiscalía estatal para filtrar información sensible y facilitar las operaciones del grupo criminal, contribuyendo así al tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

El caso forma parte de una investigación más amplia en la que también fueron imputados otros funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, bajo señalamientos de colaborar con el narcotráfico a cambio de sobornos y apoyo político.