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Advierten vulneración a derechos con cambios en sistema de seguridad
Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo a las reformas propuestas en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Investigación e Inteligencia, al considerar que vulneran principios fundamentales de derechos humanos y carecen de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.

Las acciones estuvieron encabezadas por la Semar, Sedena, la FGR, Guardia Nacionaly la SSPC. REUTERS/Jesus Bustamante
Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo a las reformas propuestas en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Investigación e Inteligencia, al considerar que vulneran principios fundamentales de derechos humanos y carecen de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.
Las ONG exigieron ser incluidas de forma activa y significativa en las mesas de trabajo que anunció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
El funcionario informó la instalación de mesas de diálogo con grupos parlamentarios, con el objetivo de atender las críticas que ha generado el contenido de las reformas sin que se incluyen a ONG.
Las reformas plantean la creación de una base de datos única, masiva y centralizada, de acceso obligatorio y en tiempo real, que incluiría información altamente sensible de toda la población.
También contempla el uso obligatorio de identificación biométrica para acceder a servicios públicos y privados, así como el acceso discrecional por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, sin control judicial.
Ante estas propuestas, R3D, Artículo 19, SocialTIC, Fundar, Fundación para la Justicia y Data Cívica advirtieron que un sistema de esta naturaleza podría ser usado para el control social y abrir la puerta a violaciones graves a derechos humanos y facilitar el uso indebido de información personal, particularmente en un país donde persiste la colusión entre autoridades y grupos del crimen organizado.
“La propuesta resulta contraria a principios fundamentales de derechos humanos y carece de un diseño institucional e infraestructura que vele y garantice la protección de datos personales ante posibles riesgos, así como una falta de deberes de transparencia y rendición de cuentas”, explicaron las ONG.
Las organizaciones criticaron que el proceso se lleve a cabo de forma cerrada y sin la participación de sectores sociales con experiencia en vigilancia, privacidad y derechos digitales. Advirtieron que la discusión únicamente con legisladores podría convertirse en una simulación, al excluir voces críticas y expertas, así como a representantes de grupos en situación de vulnerabilidad.