Expertos opinaron que tanto en la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como en sexenios anteriores, el Congreso de la Unión no ha sido un contrapeso del poder Ejecutivo y se ha encargado de aprobar las iniciativas de los presidentes sin que sean discutidas y analizadas correctamente.

Entrevistado por El Economista, el profesor de Derecho Constitucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Raúl Mejía, indicó que las reformas constitucionales identifican intereses específicos de los gobiernos y se busca que queden más allá de la discusión política ordinaria.

En la presente Legislatura, apuntó, Morena y sus aliados han tomado las decisiones legislativas con base en las solicitudes del presidente.

El experto criticó la actuación del Congreso de la Unión, ya que, por un lado, pareciera que la mayoría legislativa se ha propuesto realizar la labor del poder Ejecutivo, mientras que la oposición no ha resistido, argumentó Mejía.

“La aprobación de las reformas representa la dominación hegemónica de la administración (federal) sobre el poder Legislativo”, expresó.

Por su parte, el catedrático de la UNAM, Francisco Burgoa, afirmó que “es necesario aclarar que los presidentes no son quienes aprueban las reformas, sino que durante su administración estas propuestas pueden ser impulsadas directamente por el Ejecutivo federal con ayuda del partido que lo llevó al poder. De tal forma que cada presidente ha tenido la necesidad de buscar que se reforme la Constitución para que pueda gobernar”.

El abogado constitucionalista reconoció que las reformas en materia de paridad de género, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos lograron el consenso necesario entre los grupos parlamentarios para ser aprobadas. Sin embargo, las reformas para la creación de la Guardia Nacional y en materia de prisión preventiva oficiosa tuvieron una amplia discusión crítica para que se pudiera lograr una mayoría calificada.

A su vez, el director regional del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey en la CDMX, José Pablo Abreu, manifestó que tanto las reformas impulsadas por el actual gobierno, así como por los anteriores, han fallado por la falta de legislación secundaria, errores administrativos en la implementación y fallas en los diagnósticos.

Consideró que hay una mala técnica legislativa, ya que no se le da seguimiento a las reformas constitucionales para evaluar su impacto y analizar si realmente fueron necesarias. “Hay algunas que por impulso político se desarrollan, pero no tienen los efectos esperados”.

“Hace falta mayor responsabilidad del Congreso mexicano para actuar como un órgano autónomo e independiente del Ejecutivo federal. No somos un régimen parlamentario, sino presidencial en el que el Congreso es contrapeso del Ejecutivo (...) se requiere mayor análisis en nuestro parlamento y proteger más a la Constitución”, concluyó.

marisol.velazquez@eleconomista.mx