Tras asegurar que “se acabó la verdad histórica” que se ofreció en 2015 sobre el caso Ayotzinapa, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, presentó un balance de la nueva investigación por ese caso: anunció que se giraron 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Guerrero y la ficha roja de Interpol para localizar al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien huyó del país.

A Zerón, y dos exfuncionarios más de la entonces Procuraduría, la FGR los acusa de alteración y ocultamiento de pruebas y obstrucción de la justicia.

Familiares de los 43 normalistas se habían reunido mensualmente -hasta enero pasado- con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidieron gestionar con Gertz Manero la aceleración de las investigaciones y sobre todo lograr la detención de Zerón, a quien acusan de alterar evidencia en un basurero de Cocula, Guerrero, para la llamada “verdad histórica” anunciada por Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR.

Ayer, en un video, Gertz Manero aseguró que “se acabó la verdad histórica”. Posteriormente, en una entrevista, el fiscal detalló que su expresión fue porque “prácticamente todos” los detenidos que había del caso (77 de 142), están libres hoy en día.

Resaltó que en la nueva investigación que conduce “nadie duda que a esos muchachos (los 43 normalistas), esta gente (Guerreros Unidos) los desapareció. Nadie duda de que estaban puestos todos de acuerdo, pero resulta que hicieron las cosas con tal irresponsabilidad o mala fe, lo que haya sido, que se les cayó todo”.

El titular de la FGR también anunció que solicitó 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de Guerrero, a quienes se les acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada.

Recordó que ya fue detenido José Ángel Casarrubias Salgado, alias el Mochomo, líder de Guerreros Unidos, y quien es señalado de dar la orden de asesinar a los 43 normalistas.

Gertz Manero añadió que ya se cuenta con una cronología de lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre del 2014 y se han identificado a los involucrados.

“Esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles; así como dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad (de Innsbruck)”, mencionó.

Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas, indicó que lo anunciado por la FGR es un avance para poder dar con el paradero de los jóvenes, al tiempo que, dijo, “la verdad histórica para nosotros nunca existió (...) Todo en el gobierno pasado fue simulación”.

Apuntó que científicamente se sabe que los jóvenes no fueron quemados en grupo, sino que fueron separados tras ser capturados.

Indicó que aun cuando la comunicación con el actual gobierno es fluida, se deben reanudar las sesiones de seguimiento con funcionarios.

A seis años de tlatlaya, sigue impunidad, señalan

A seis años del asesinato de 22 personas, entre ellas un menor, presumiblemente a manos de militares mexicanos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el caso sigue impune y ejemplifica los riesgos de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La ONG indicó que de continuar la militarización no se reducirá la violencia y sí generará riesgos para los derechos humanos.

Expuso que el caso de Tlatlaya es emblemático del incremento en las violaciones a derechos humanos que ha causado el uso de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad del Estado. Por el caso, ocho militares fueron detenidos, pero quedaron libres en 2016. En el 2019 se detuvo a otros siete soldados, tres de ellos acusados de homicidio.

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