Académicos y periodistas se manifestaron afuera del edificio de la Suprema Corte para demandar a los ministros dar marcha atrás a una resolución judicial que ordenó al académico Sergio Aguayo pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, debido a una crítica que hizo en una columna periodística. Debido a esta situación, Aguayo depositó una fianza de 450,000 pesos para evitar ser embargado por orden de un juez.

"Condenamos que la Corte ponga precio a la libertad de expresión. Rechazamos la sentencia en contra de Sergio Aguayo", se leía en una pancarta que desplegaron los manifestantes sobre la calle Pino Suárez del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El periodista Humberto Musacchio leyó una carta en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los ministros de la Corte, a los diputados federales y senadores —los tres Poderes de la Unión—, así como al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

"(Solicitamos) que se deseche la sentencia contra Sergio Aguayo emitida por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el litigio promovido por Humberto Moreira", planteó Musacchio.

Foto EE: Eric Lugo

Expresó que periodistas y académicos también demandan "que cese de inmediato el hostigamiento judicial contra el mismo Sergio Aguayo y se carguen a su acusador las costas del juicio".

Plantearon que los magistrados de la Sexta Sala del Tribunal de Superior de Justicia de la Ciudad de México sean investigados y sometidos a juicio, y que, especialmente el magistrado José Huber Olea, sea destituido, investigado y procesado "por evidente conflicto de intereses y riquezas que sugieren un origen corrupto".

Los firmantes de la carta también exhortaron a que las autoridades de los tres Poderes y tres niveles de gobierno, abandonen la pretensión de condicionar el ejercicio de libertad de prensa, y se ponga un alto a emisión de sentencias que por su carácter intimidante y disuasorio implican una inaceptable intromisión del Poder Judicial en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

"Que se ponga un alto a los asesinatos y desapariciones de periodistas y se detenga y castigue a los culpables. Que se garantice a los mexicanos el derecho a estar bien informados", plantearon.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, enfatizó que la libertad de expresión es un derecho individual y colectivo.

"Sentencias como la de este Juez afectan la libertad de expresión, no sólo de Sergio Aguayo, sino de todos los periodistas, los comunicadores; cuando se afecta a un periodista, o un columnista, se afecta a toda la sociedad y se intimida a todos los periodistas, porque van a tener miedo de informar en aquellos casos donde hay temas de corrupción, de derechos humanos, como fue el caso de Sergio Aguayo", planteó.

Añadió que este tipo de sentencias ocurren porque "los jueces no están preparados en temas de derechos humanos, no saben ponderar que la libertad de expresión está por encima del derecho al honor de una figura pública que pidió el voto y que está sometido al escrutinio público".

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