La investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda contra la congregación religiosa Legionarios de Cristo es señal de que el gobierno busca combatir seriamente los malos manejos hacendarios de aquellos grupos sociales que históricamente tienen grandes capitales. Sin embargo, está acción podría generar una tensión en las relaciones Estado-Iglesia, consideraron expertos.

“Había sido una espera larga que tanto los Legionarios de Cristo como los grupos Opus Dei entraran en el esquema de la rendición de cuentas y transparencia, básicamente porque ellos manejan muchos activos. Entonces, en el sentido de la equidad me parece pertinente que entren en este estado de rendición y fiscalización”, expresó el doctor en Ciencias Políticas de la UNAM José Antonio Álvarez León.

Aunque consideró acertada dicha acción, advirtió que podría generar una tensión en las relaciones del Estado con la Iglesia, además de impactar en la imagen de la congregación.

“En gobiernos pasados, había muchas concesiones para estos grupos, lo que obliga al gobierno federal a que si ya (los) tocó tendrá que hacerlo con todos para evitar verse como selectivo. Tendría que hacerlo con todos los demás grupos dominantes en materia económica”.

El también académico puntualizó que en nuestro país las relaciones Estado-Iglesia “han sido espinosas y ocultas, y cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato a la Presidencia de la República recibió muchas criticas, muchas descalificaciones por parte de la Iglesia católica. Me parece que ahora que los fiscalicen va a generar más incomodidad”.

Por su parte, José Fernández de Cevallos, experto en temas de corrupción y lavado de dinero del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), consideró como adecuado que se investigue a grupos como los Legionarios de Cristo, “pero se debe ser cuidadoso de que se respeten los derechos fundamentales, en específico la presunción de inocencia”.

Recordó que la UIF interviene cuando se utiliza el sistema financiero para lavar dinero y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que se requiere de una denuncia previa por parte de la Secretaría de Hacienda.

“Lo que el gobierno podría estar buscando es combatir seriamente los malos manejos hacendarios, personas que no tributen adecuadamente. Muchas organizaciones civiles como asociaciones religiosas podrían aprovechar diversas formas para tratar de darle la vuelta al fisco”, añadió.

En tanto, la congregación Legionarios de Cristo aseguró que conduce sus actividades en México con apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables, además de ratificar su compromiso con la transparencia y plena colaboración con las autoridades correspondientes.

Reacción de las ONG

Las presidentas de las organizaciones Causa en Común, María Elena Morera, y de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, dijeron que sus asociaciones no se sienten aludidas por el anuncio de Nieto Castillo, porque no reciben recursos públicos.

“Que todos los recursos públicos se ejerzan bien y la obligación de las organizaciones es usarlos bien. Nosotros no tenemos ningún problema de que exista una investigación. Yo no lo veo de ninguna otra forma. Esperemos que no sea así (una intimidación a las organizaciones sociales), sino que sea una investigación completa y ya”, expresó Morera.

La presidenta de Causa en Común dijo que la UIF no le ha solicitado al momento ninguna información sobre el particular. “No, no han solicitado nada. Nosotros no hemos recibido ningún recurso de la Secretaría de Seguridad Pública federal. La verdad, recursos federales no hemos recibido en Causa en Común”, refirió. “Somos una organización transparente y estamos abiertos al escrutinio público”, añadió.

En el mismo sentido, Isabel Miranda de Wallace expresó que su organización no ha recibido recursos públicos en ningún sexenio.

“Yo no estoy entre ellas. Yo nunca he recibido recursos del gobierno, ni de nadie. Nosotros somos autónomos, somos autosuficientes. Trabajamos con mucho voluntariado. Nosotros no nos sentimos aludidos, porque no se ha recibido ningún recurso de absolutamente ningún gobierno. Nos tiene sin cuidado esa parte, porque nosotros trabajamos con voluntariado. Ni siquiera estamos dados de alta en Hacienda como donatarias porque no recibimos donaciones. Estamos tranquilos por ese lado”, mencionó.

La presidenta de Alto al Secuestro dijo esperar que la investigación de la UIF sea únicamente para aclarar el destino de recursos públicos en organizaciones sociales, y no para crear un ambiente de intimidación contra ellas.

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