El Instituto Nacional Electoral (INE) renovó con la Secretaría de Gobernación (Segob) el acuerdo marco para brindar seguridad a los candidatos que denuncien amenazas en su contra o manifiesten algún riesgo a su integridad física durante el proceso electoral en marcha, en el que se renovarán 3,400 cargos a nivel local y federal, entre ellos la Presidencia de la República, 128 escaños del Senado y 500 curules de la Cámara de Diputados.

El consejero del INE, Marco Antonio Baños, informó a El Economista que el presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, entabló comunicación con la Secretaría de Gobernación para renovar el convenio marco que tienen firmadas ambas instituciones.

El consejero Baños destacó que, como ocurre cada seis años, la seguridad para los candidatos presidenciales que nombren los partidos y coaliciones correrá a cargo del Estado Mayor Presidencial, mientras que para los cargos de Diputados federales y Senadores que manifiesten algún riesgo a su integridad, la seguridad la brindaría la Policía Federal.

Destacó que en el caso de los cargos locales (candidatos a Gobernador; diputado local y presidentes municipales), la seguridad es por parte de las corporaciones policiacas estatales.

Cabe destacar que la manifestación de riesgo deberá suceder una vez que los partidos hayan declarado formalmente a sus candidatos, y comiencen las campañas políticas, según lo establece el convenio.

Para ello, los candidatos deberán notificarlo a la presidencia del INE, quien a su vez lo comunicará a la Secretaría de Gobernación, donde se analizará el riesgo a través de la Comisión Nacional de Seguridad, instancia que determinará las medidas de protección, como escolta perimetral, personal o familiar, uso de chalecos antibalas y automóviles blindados, entre otras medidas de protección.

“El presidente del Consejo General solicitará a las autoridades competentes federales, locales y municipales, los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, desde el momento en que, de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter. Las medidas que se adopten por alguna autoridad serán informadas al Consejero Presidente, así como al partido político que lo haya postulado”.

El convenio de colaboración entre el INE y la Segob también establece un mecanismo para que los funcionarios del órgano electoral (capacitadores y vocales ejecutivos, entre otros) puedan denunciar, durante cualquier momento del proceso electoral, algún tipo de delito, ya sea en su contra o bien de la propia elección.

“Los servidores públicos del Instituto que, en el ejercicio de sus funciones, tengan conocimiento de la probable comisión de cualquier delito que incida en el Proceso Electoral, darán aviso de forma inmediata a la Secretaría Ejecutiva, acompañando los indicios o elementos con los que cuenten, así como la narrativa de hechos, para que ésta, con el apoyo de la Dirección Jurídica, presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente”, precisa.

VIOLENCIA ELECTORAL

Desde el 2016 a la fecha han ocurrido en nuestro país más de 100 asesinatos de autoridades locales, ya sea electas o en funciones. También han ocurrido 30 homicidios contra candidatos, y múltiples casos de violencia política de género.

Desde el magnicidio ocurrido en el 2011 en contra del entonces candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, la seguridad para los candidatos es un tema que ocupa a todos los partidos políticos.

La Asociación de Autoridades Locales de México lleva un registro de 104 presidentes municipales, alcaldes, regidores, síndicos y exmunícipes que han sido asesinados desde el 16 de noviembre del 2016 a la fecha.

Por su parte, la consultoría Integralia tiene registro de 30 asesinatos cometidos en contra de candidatos, siendo el proceso electoral del 2015, “con más incidentes de violencia”.

En el 2015 se llevó a cabo la última elección federal, la cual transcurrió bajo una serie de actos de violencia cometidos contra candidatos de los principales partidos políticos.

Fue el caso del asesinato de Miguel Ángel Luna Munguía, entonces candidato del PRD a diputado federal por el Distrito 32 en Valle de Chalco, Estado de México.

El 14 de mayo del 2015 fue asesinado Enrique Hernández Salcedo, candidato de Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro, Michoacán.

En Huimanguillo, Tabasco, fue asesinado Héctor López Cruz, candidato a regidor del PRI; en Chilapa, Guerrero, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal. También fue secuestrada, y unos días después apareció sin vida Aidé Nava González, precandidata el PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero.

Asimismo, ocurrió el  homicidio de Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a la diputación federal por el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca.