Han pasado seis años desde que se decretó la primera alerta de violencia de género en México. Desde entonces suman 22 entidades las declaradas con zonas de alta violencia hacia las mujeres; en 11 de ellas los feminicidios, tras declararse la alerta, se han incrementado.

Nuevo León se posiciona como la entidad en la que más se ha elevado la violencia feminicida desde que fue decretada una alerta de violencia de género, ya que pasó de tres víctimas en el 2016, a 67 para el 2020, un alza de 2,133%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Le sigue Quintana Roo, donde en el 2017 se registraban cuatro casos, sin embargo, para el cierre del año pasado, se contabilizaron 15 mujeres víctimas de feminicidios, es decir, un crecimiento de 275% de los casos.

Y en tercer lugar está Durango, ya que en el 2018, fecha de la declaración de la alerta de género, sumaba cuatro feminicidios, para 2020 la cifra llegó a 13 (225% más).

Otros casos con alzas son Nayarit de cinco feminicidios en el 2017 subió a 12 para el 2020 (140% más). Morelos de 15 casos en 2015 a 35 el año pasado (133% más).

Jalisco, que pasó de tener 33 feminicidios en el 2018, a 70 para el 2020 (112% más). Colima que pasó de cuatro a ocho feminicidios entre el 2017 y el 2020, equivalente a un alza de 100 por ciento.

En el 2015, en el Estado de México, se declaró la alerta de género; para ese año sumaron 60 feminicidios, mientras que en el 2020 se registraron 118 mujeres víctimas de este delito, es decir, un alza de 96.6% de los casos.

En San Luis Potosí, durante el 2017 se contabilizaron 19 feminicidios; para 2020 la cifra fue de 27, es decir, 42% más. A su vez, en Oaxaca, se registraron 30 feminicidios en 2018; para el año pasado sumaron 38, un alza de 26 por ciento,

En tanto que Veracruz pasó de 61 víctimas de feminicidio en el 2016 a 79 en el 2020, equivalente a un alza de 29 por ciento.

Qué es la AVGM

Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa).

Hasta la fecha en 22 estados del país se han activado 25 AVGM desde el 2015; en tres entidades ha sido activada en más de una ocasión. En el Edomex en julio del 2015 y septiembre del 2019. En Veracruz en noviembre del 2016 y diciembre del 2017 y en Guerrero en junio del 2017 y junio del 2020.

Apenas, los días 17, 18 y 20 de agosto pasado, la Secretaría de Gobernación emitió declaratorias de Alerta en Chihuahua, Tlaxcala y Sonora.

Actualmente hay al menos otros tres procedimientos en trámite para declarar la AVGM en CDMX; y otras más en Veracruz y Sonora.

Reflectores sobre la violencia

Aunque las alertas de género avanzan a paso lento y tienen muchos retos que cumplir, la realidad es que han sido un mecanismo que han puesto énfasis la violencia general y feminicida que vive nuestro país, además de que se ha visibilizado que los gobiernos a nivel local no hacen lo mínimo en materia de prevención y sanción, consideraron activistas en materia de violencia contra las mujeres.

“Hemos visto que los estados han avanzado en cosas que no hacían, han mejorado en protocolos, han generado guías, pero todavía nos falta mucho (...) tiene que venir un plan estratégico, con presupuestos desglosados e indicadores, pues lo que no sirve es el mecanismo de cumplimiento para dar seguimiento y ahí sí le corresponde al gobierno federal”, expresó María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

La activista recordó que la implementación de las alertas también es parte de una lucha de las organizaciones sociales, que a lo largo de los años han logrado que el mecanismo se liberara de obstáculos que no permitían su plena implementación.

“La alerta ha sido un mecanismo que las autoridades no quieren porque evidencian sus deficiencias, su incapacidad y su obligación de proteger a las mujeres. Entonces, nadie la quiere, sin embargo, no lo ven como una oportunidad para que se garanticen los derechos de las mujeres y se trabaje con una sociedad que ha sido muy machista y discriminatoria contra las mujeres”, subrayó.

Por su parte, Graciela Ramos, dirigente de Mujeres por México en Chihuahua, estableció que al menos en ese estado ha quedado claro que la violencia contra las mujeres es un problema que trasciende las administraciones, por lo que la reciente emisión de la AVGM para cinco municipios de la entidad da un respiro y esperanza a las organizaciones que la impulsaron, ya que confían en que se tendrán más recursos y acciones para trabajar en la sanción y erradicación de esta violencia.

La activista señaló que pese a todas las políticas públicas que se han impulsado desde 1992 en Chihuahua, —fecha en la que se comenzó a visibilizar el grado de violencia feminicida que se vivía en el estado—, es lamentable que la localidad se mantenga como uno de los principales focos rojos por alta incidencia de violencia contra las mujeres lo que, dijo, ha dejado en claro que la violencia contra el género se sostiene en dos grandes pilares: la cultura patriarcal y la impunidad.

Aunado a que muchas veces “el Estado lo que hace es simulación cuando se trata de los derechos de las mujeres. Hacen instituciones, pero no tienen recursos; no tienen gente con perfiles idóneos y no hay compromisos”.

Graciela Ramos añadió que para que un mecanismo como la AVGM avance, se necesita un cambio cultural ya que “mientras no modifiquemos la cultura patriarcal y misógina, vamos a seguir cuesta arriba y se va a seguir justificando la violencia contra las mujeres y culpabilizándolas”.

maritza.perez@eleconomista.mx