Los comicios federales del presente año para renovar la Presidencia de la República y las cámaras de Diputados y de Senadores se realizarán sin la red de protección que habría significado la reforma integral para precisar y fortalecer el catálogo de los delitos electorales.

Desde abril del 2011 se quedó en la congeladora de San Lázaro el decreto aprobado por la Comisión de Justicia, que modifica el Título vigésimocuarto del Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en espera de su ratificación en el pleno.

El propósito de la enmienda era blindar de manera más eficaz los procesos electorales y contribuir al avance y perfeccionamiento del sistema democrático puesto que la última reforma en materia penal electoral se promulgó en 1996.

Los cambios pendientes preveían sanciones ante conductas como la probable intromisión de la delincuencia organizada en el financiamiento de las precampañas y campañas e incluso de la participación de sus miembros como candidatos a puestos de elección popular.

Se buscaba además frenar el condicionamiento de los programas sociales. La enmienda pendiente, que aunque se aprobara en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso ya no aplicaría para los comicios de este año, contemplaba también sancionar a los ministros de culto religioso que presionaran de cualquier manera al electorado para votar en favor o en contra de un precandidato, candidato, partido o coalición.

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