La unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) siguen la ruta del dinero que dejó marcas de pagos por 500 millones de pesos y 10 millones de dólares en efectivo hechos por el exalcalde de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez.

Fuentes federales comentaron que la indagatoria que se sigue contra el exedil, quien busca un lugar en el Senado impulsado por el Partido de la Revolución Democrática, enfrenta un juicio por no pagar un préstamo al empresario Steve Santander, a quien adelantó un pago de 10 millones de dólares en efectivo, hecho que detonó la investigación.

De acuerdo con normas financieras mexicanas para combatir el lavado de dinero, los pagos en efectivo en grandes cantidades se conciben como actos ilegales y deben ser sancionados; si no son actos fuera de la ley, deben ser documentados con aval del acreedor-beneficiario. Además de esto, en el caso de Sánchez Martínez tanto la SHCP como la SIEDO siguen la pista de más movimientos de esa naturaleza.

Según la fuente federal, Greg Sánchez tendrá que explicar el origen de 965 millones de pesos que declaró de su propiedad en el 2008, antes de ser alcalde de Benito Juárez, lo que motivó su detención cuando era candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el PRD y el PT, situación que le impidió continuar en la contienda el año pasado, pues se encontraba preso en Nayarit.

Al exedil se le atribuyen, además, propiedades en el kilómetro 18+244 en la carretera costera Sur en Cozumel, bajo el esquema de la inmobiliaria Jaguar Servicios Inmobiliarios, valuada en 300 millones de pesos, adquirida también al contado; una más en avenida Tulum, en la zona industrial, valuada en 200 millones de pesos, cuyo pago fue totalmente en efectivo.

La SIEDO y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda cuentan con otro reporte de más propiedades valuadas en 250 millones de pesos, que fueron adquiridas sin crédito bancario o de operaciones de compra-venta, por lo que la indagatoria continúa, precisaron.

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