El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 384 votos, 15 en contra y 8 abstenciones reformas al Código Penal Federal para tipificar como grave el delito de robo de cable de cobre e imponer sanciones de dos a siete años de cárcel a quien lo cometa y a consecuencia de ello se produzca la interrupción de ciertos servicios públicos y básicos.

Desde la tribuna, Javier Filiberto Guevara González (PRI), autor de la iniciativa dictaminada en pro, explicó que el robo de cobre es un tema relevante en los últimos años por el costo económico que representa la pérdida de ese material para los servicios públicos que brinda el Estado.

El robo de líneas de conducción eléctrica representan pérdidas millonarias para los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, quienes se ven obligados a reparar continuamente los daños ocasionados por los delincuentes, con el fin de seguir brindando el servicio de alumbrado público a las comunidades y a los ciudadanos’’, detalló.

De ahí la necesidad, dijo, de implementar medidas estrictas mediante el endurecimiento de las penas para prevenir y disminuir ese delito y detalló que los delincuentes no sólo roban cobre, sino también otros materiales como fierro, aluminio, acero, níquel y otros que también son robados de la vía pública para ser comercializados en perjuicio de particulares y del Estado mexicano.

Lucila Garfias (NA) explicó que en toda la República mexicana se puede observar este fenómeno delictivo, registrando pérdidas millonarias por el robo de cobre en instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas, de gas, de equipamiento urbano, agrícolas e industriales, sin distingo de que sean éstas públicas o privadas.

El más afectado de todos podríamos pensar que es la Comisión Federal de Electricidad, pero esta empresa es prestadora del servicio eléctrico por lo que los verdaderos afectados somos los ciudadanos, las empresas, la industria o el campo que deja de recibir el suministro energético necesario para nuestras cotidianas actividades’’.

El decreto se envió a la Cámara de Senadores en calidad de minuta para su eventual ratificación o modificación.

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