El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la reparación integral de daño debe darse a todas las víctimas de algún delito o violación a derechos humanos y no solamente a quienes hayan sufrido graves violaciones de esos derechos.

Al analizar la Acción de inconstitucionalidad 130/2017, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en referencia a Ley de Víctimas de Coahuila, el máximo tribunal del país indicó que el condicionar que la procedencia de las medidas de compensación, es decir, la erogación económica a que la víctima tenga derecho, exclusivamente a aquellos casos en los que se dé una violación grave a derechos humanos, es incompatible con los parámetros nacionales e internacionales.

Por lo que fueron invalidados artículos y párrafos expresados en la Ley de Víctimas de Coahuila que condicionaban la entrega de recursos a los casos de violaciones graves de derechos.

El alto tribunal también invalidó el artículo 10, fracción III, párrafo tercero, en la porción normativa “bajo la disponibilidad presupuestal”, que condicionaba a la disposición de presupuesto el otorgamiento de atención a víctimas en aquellos casos urgentes en los que se recurra a instituciones particulares, lo que resultaba violatorio de la Constitución Federal y contrariaba lo dispuesto en la Ley General de la materia.

El análisis de dicha ley continuará durante la próxima sesión del pleno de la SCJN, en específico para abordar el concepto de violaciones graves que contiene el artículo 67 de esta Ley.

kg