Desde el Zócalo de la Ciudad de México —escenario histórico de las victorias políticas de la izquierda mexicana—, y como parte de los actos de su toma de protesta como presidente del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador presentó los 100 compromisos de su gobierno.

Las políticas públicas expuestas por el presidente en funciones presentaron novedades siempre que se les compare con los programas de gobierno de los gobiernos que le precedieron en un periodo que abarca poco más de tres décadas. Con un estilo en el que forma es fondo, López Obrador comenzó la exposición de los 100 puntos prioritarios de su gobierno con las medidas dirigidas a mejorar la situación de los grupos de la población que concentran en mayor número de desigualdades y pobreza.

Los mercados y las inversiones privadas, los empresarios e industriales, si bien fueron aludidos, no aparecen como beneficiarios explícitos de los compromisos de AMLO. Se mantienen, no obstante, las condiciones mínimas para dar certidumbre al sector financiero: autonomía del Banco de México y no aumento de la deuda pública.

Estas presencias y ausencias en el discurso del 1 de diciembre son significativas, y delinean un perfil —forma es fondo— para este programa de gobierno que ya ha sido declarado por el presidente: separar al poder político del poder económico. En cuanto a la ubicación de las propuestas en el plano cartesiano de la ideología política, es necesario apuntar que el grueso de las propuestas son de clara línea de justicia social, punto clave en la agenda de la izquierda, no todas encajan claramente en este lado del espectro ideológico.

Son varios los analistas, académicos y politólogos los que coinciden en que Andrés Manuel López Obrador, al querer situarlo en algún punto de la geometría política, está en una izquierda sui generis o por lo menos no convencional. Morena, el partido del que es fundador, es un movimiento político generado a partir de un asunto: desmantelar un grupo de poder que —en su opinión— ha capturado el poder político para su beneficio en detrimento de la gran mayoría de la población de México.

Con esto presente, algunas de los compromisos se pueden conjuntar en clasificaciones que si bien no están fuera del juego de las tendencias ideológicas, están principalmente diseñadas para cumplir el propósito de una recaptura del poder para dirigirlo hacia el Estado.

Aquí se presenta entonces un ensayo de agrupamiento de los 100 compromisos del gobierno que arrancó con la colocación de la banda presidencial en la persona de quien, según dijo él mismo en una entrevista, es antes que un político un líder social.

1. Justicia social

Las medidas económicas tomadas por las seis administraciones que preceden a la gestión de Andrés Manuel López Obrador tuvieron como resultado un crecimiento económico que coloca a México en la actualidad entre las 15 mayores economías del mundo en términos del Producto Interno Bruto. Esta riqueza, no obstante, presenta una alta concentración en un pequeño sector, fenómeno que ha tenido como consecuencia el incremento en los índices de pobreza y de desigualdades que aquejan a la gran mayoría de la población en el país.

Los siguientes compromisos planteados por López Obrador durante su toma de protesta como presidente de la República se pueden inscribir bajo el rubro de justicia social. Las políticas expuestas que van del compromiso 1 al 31 están encaminadas a generar condiciones por parte del Estado que propicien la igualdad social, la igualdad de oportunidades, los derechos laborales y combatir la pobreza.

El primer punto, con el que inició su declaración de 100 compromisos, dice que se dará atención especial a los pueblos indígenas, sector de la población en el que se concentra la mayoría de las desigualdades. Para corregir la situación prevalente, anunció que todos los programas de su gobierno tendrán a este grupo poblacional como prioritario.

En este sentido también se inscriben las becas a estudiantes en la educación pública, contenidas en los puntos que van del 4 al 7. Niños y jóvenes están entre los grupos etarios más vulnerables a las desigualdades. El acceso universal a la salud del compromiso13, así como el garantizar el acceso al empleo, que refleja el punto 17, son objetivos irrenunciables del Estado de Bienestar, es decir, de un Estado que interviene en la economía y en la sociedad para una mayor redistribución de la riqueza en aras de mejorar las condiciones sociales y económicas de la población en general.

2. Estabilidad macroeconómica

Los puntos 32 y 33 son compromisos que tuvieron una buena recepción por parte de los mercados, en la medida que garantizan la estabilidad de la economía del país y la confianza entre los inversionistas. La política pública de no aumentar la deuda del gobierno, que contiene el punto 32, y el respeto a la autonomía del Banco de México, del punto 33, son condiciones mínimas propicias para los mercados financieros.

3. Desmontaje del “capitalismo de cuates”

El influyente diario The Economist, considerado como la “biblia de la globalización”, publicó en 2016 The crony-capitalism index (Índice del capitalismo de amigos), segundo ejercicio luego del de 2014. En este índice, México se ubicó entre los primeros seis países donde el “capitalismo de amigos” —o “capitalismo de cuates”, traducción ajustada al argot nacional— tiene una mayor presencia. El crony-capitalism es un concepto que da cuenta del aumento de la riqueza de algunos particulares como consecuencia de sus relaciones con funcionarios públicos, en los que éstos últimos facilitan el acceso privilegiado a negocios en diversos sectores, principalmente, en sectores estratégicos para el Estado como son el energético o el de telecomunicaciones, entre otros.

Según el análisis de The Economist, las fortunas de los empresarios mexicanos que lograron gracias a sus relaciones con el poder político representaron en 2016 el 6.6% del PIB nacional, porcentaje que representa 71,082 millones de dólares.

El escándalo de la “casa blanca” en el que Enrique Peña Nieto se vio implicado reúne las características del “capitalismo de cuates”. En 2014, una investigación periodística encontró que el entonces Presidente poseía una casa en Las Lomas, con valor de 7 millones de dólares, que había construido la firma Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que durante las administración de Peña Nieto en el Estado de México, le fueron entregadas varias licitaciones de obra pública en la entidad. La condición de “cuates” se cumple toda vez que Peña Nieto fue testigo de la boda del hijo de Juan Armando Hinojosa Cantú, fundador de Grupo Higa.

La opacidad que invita a pensar que el capitalismo de amigos prevaleció en el último sexenio se refleja en el hecho de que 78% de los contratos públicos se otorgaron por adjudicación directa, según informó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece),

Con estos antecedentes, los compromisos de López Obrador que van del 34 al 60 bien pueden considerarse como los dispuestos a desmontar la estructura informal injertada en el Estado que propiciaba el capitalismo de cuates.

La dedicatoria por alusión del punto 34 no deja lugar a dudas, que en una de las líneas expositivas el presidente López Obrador pronunció: “No habrá amiguismo, nepotismo e influyentismo, ninguna de esas lacras de la política”. Las políticas que le siguen hasta la 60 de las 100 generan mecanismos y reglas que impiden a los funcionarios establecer vínculos con proveedores del gobierno con la finalidad de realizar negocios ilícitos a costa del erario público.

Un punto significativo es el 35, que indica que el gobierno no adquirirá nuevos equipos de cómputo. Un Estado de talante neoliberal tiene como una de sus tareas primordiales crear mercados. Uno de ellos es el del los bienes y servicios necesarios para su operación diaria. Y las computadoras son uno de esos bienes usados en su operación. Dejar de ser cliente de los proveedores de estos equipos significa que deja de lado el dictado de generar mercados y auspiciar así a los capitales.

4. Fortalecimiento del Estado

Las políticas neoliberales indican que el Estado debe ser reducido a ser un mero interventor, cuya eficiencia es mayor en la medida que los mercados operan con mayor fluidez. Para cumplir el dictum, debe operar una reducción de sus tareas, para dejarlas en manos de los mercados, bajo el entendido que éstos son más eficientes y productivos que el Estado. Algunos analistas y académicos consideran que varios gobiernos en el mundo, incluido el de México, al seguir estas instrucciones, redujo al Estado hasta debilitarlo a tal punto, que no pudo generar contrapesos al poder de los capitales.

El problema es también de índole ideológico y no sólo instrumental. La idea de que el mercado es la solución a todo, como lo apunta Fernando Escalante Gonzalbo en su Historia mínima del neoliberalismo editado por El Colegio de México, fue introducida en el imaginario social como parte de una estrategia para implementar en todo el mundo las reformas que serían propicias al libre mercado, reformas que hasta antes de ganar espacios en el terreno ideológico, eran impopulares.

Una muestra de qué tan profunda es la impronta de este programa ideológico es la convicción común en nuestros días de que es deseable que una persona que aspire a un cargo público debe antes haber pasado por la iniciativa privada, antecedente que —se piensa— garantizará su eficacia en la gestión pública. Así, la administración pública se torna lo mismo que la administración de empresas, con una clara superioridad de la segunda sobre la primera, de lo que se sigue que un buen empresario deberá ser por necesidad un buen administrador de la cosa pública.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca fortalecer al Estado frente a los mercados y los capitales. Los compromisos que van del 61 al 100 apuntan en este sentido. Reactivar la industria de refinación en el país, consignado en el punto 71, restituye el aparato productivo del Estado, es una medida contraria a los preceptos neoliberales. El punto 70 anuncia mayor inversión pública en el sector energético. El punto 61 arranca como acto simbólico de cómo el poder se traslada de sede. Deja la otrora residencia oficial de Los Pinos, y se asienta en el Palacio Nacional, sede histórica del poder político en México. Este acto refleja lo que López Obrador ha repetido como intención primera de su gobierno: separar el poder político del poder económico.

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