Con sustento en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del 2009 y reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta abril del 2011 la organización México Evalúa estimó que el gasto de seguridad se elevó siete veces y no ha logrado un decremento de la incidencia delictiva en homicidios dolosos, secuestro, extorsión y robo de autos; tampoco existe inteligencia, como se dice en discursos: Plataforma México está desconectada y no existe transparencia o rendición de cuentas .

En conferencia de prensa, Edna Jaime, directora de México Evalúa destacó que el discurso oficial de avances en materia de seguridad federal y estatal no coincide con los resultados, debido a que la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) denota descoordinación, la eficacia de la Policía Federal no es evidente y Plataforma México opera con poco apego a la normatividad de adquisiciones . Incluso, aseguró que con el estudio de la ASF y las estadísticas del SESNSP se puede establecer que los 14 operativos conjuntos en igual número de entidades, en lugar de bajar las ejecuciones, las incrementó 44.6 por ciento.

Agregó que tampoco existe un efecto medible de los fondos y subsidios federales destinados a la seguridad; la Procuraduría General de la República tiene un avance mínimo en profesionalización y modernización; sobre los reos liberados, sólo se vigila a 3% de ellos ; en materia de reinserción penitenciaria no está funcionando y el Programa Nacional de Seguridad Pública, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional carece de controles.

Enfatizó: El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública tiene un avance de 42%; el Registro Nacional de Armamento y Equipo muestra un avance de 68%; en el sistema de Evaluación y Control de Confianza es de 8% y el Registro Nacional de Información Penitenciaria es de 41%, con estados donde el avance es de cero por ciento .

Edna Jaime, junto con Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad; Héctor Larios, del Observatorio Nacional Ciudadano; Eduardo Guerrero, de Lantia Consultores, y Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económica, destacaron que la SSPF tiene el resguardo físico de las bases de datos, el cual debería estar a cargo del SESNSP, como establece la ley. Asimismo consideraron que es necesario tener criterios claros y medibles para evaluar el impacto real de las políticas públicas en la materia, no podemos permitirnos dispendios y opacidad.

Si no logramos conectar el gasto en seguridad y la acción pública con resultados visibles para la población en términos de incidencia delictiva y confianza ciudadana, estamos ante un enorme fracaso de las políticas públicas en la materia .

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