El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) ha visto crecer su presupuesto desde su creación.

Después de que se decretó su integración el 20 de diciembre del 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, su primera asignación de recursos fue incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2003 y ascendió a 215 millones 819,142 pesos; para el ejercicio fiscal 2017 su presupuesto se ubicó en 955 millones 861,356 pesos.

Del presupuesto asignado al INAI para este año, 905 millones 541,370 pesos se destinarán a gasto corriente, es decir, 94.7% de su presupuesto total. En este rubro, de acuerdo con el resumen económico del PEF 2017, 670 millones 105,395 pesos se asignaron a gastos de servicios personales, lo que significa 70% del total de los recursos para este año.

En tanto que 9 millones 171,553 de pesos irán a gasto en materiales y suministros; 219 millones 920,022 irán a servicios generales y 6 millones 344,400 a otros gastos corrientes. En cuestión de inversión, el instituto destinó para este año un monto equivalente a 50 millones 319,986 pesos.

En el 2003, el recién creado instituto asignó la totalidad de los más de 215 millones pesos de su presupuesto a las previsiones salariales de los entonces integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Para el 2016, dentro de los gastos erogados en prestaciones a los empleados y funcionarios del INAI se aprobó un aguinaldo de 40 días que ascendió a 22.3 millones, que se repartieron entre los 695 empleados que tiene el órgano en la actualidad.

Asimismo se aprobó un aguinaldo para los siete comisionados, de alrededor de 260,000 pesos. Para el 2017, el PEF estipula una remuneración bruta anual, tanto para la consejera presidente Ximena Puente de la Mora y los otros seis comisionados, de 3 millones 475,772 pesos, de estos, 2 millones 401,209 pesos será su remuneración libre de impuestos.

Dentro de los tabuladores de salarios publicados en el Presupuesto de Egresos para el INAI, destaca el puesto de chofer que obtendrá durante el 2017 una remuneración máxima mensual de 32,036 pesos y mínima de 19,351 pesos, por arriba de un auxiliar administrativo que como salario mensual obtendrá un máximo de 26,032 pesos y un mínimo de 17,393 pesos.

El pasado 11 de enero, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron un programa de austeridad con el cual regresarán 1,070 millones a la Secretaría de Hacienda para su reasignación. Poco después diferentes voces al interior de los partidos políticos pidieron al INAI así como a los demás órganos autónomos ajustarse a la nueva tendencia de austeridad.

La secretaria general del sol azteca, Beatriz Mojica, señaló que los organismos autónomos así como los partidos y en general los tres poderes de la Unión deben alinearse con los programas de austeridad que se están implementando en el país, hay que ajustar el cinturón , dijo.

Por su parte, el vocero del PAN, Fernando Rodríguez Doval, sostuvo que los órganos autónomos que existen, a pesar de ser independientes en sus decisiones, deben estar en concordancia con la austeridad que se trata de implementar en las arcas públicas.

Consejo de la judicatura toma protesta a magistrados

Advierten que en el país se vive desencanto y frustración

Nuestro país vive preocupantes desencuentros y perturbaciones sociales, todos los días voces de coraje retumban, quejándose de acciones gubernamentales acumuladas, se sien-ten lastimados, llevando del desencanto a la irritación y frustración por alcanzar la legítima aspiración de encontrar niveles de bienestar y hacer realidad su derecho a una vida decorosa’’, enfatizó José Guadalupe Tafoya.

El integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al participar como orador en la toma de protesta de 29 magistrados de Circuito y dos jueces de Distrito en el salón de plenos de la SCJN, agregó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no puede rehuir la responsabilidad constitucional de ejercer su tramo de atribuciones; es tiempo de hablar menos y hacer más, las manos no se lavan con saliva’’.

El consejero del órgano de vigilancia de los integrantes del PJF destacó que dentro del marco de la división de poderes de la Unión el PJF debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos los mexicanos, bajo el principio de legalidad, que somete nuestra actuación al sistema jurídico, y el de igualdad, que obliga a proteger a todos los gobernados’’.

Tafoya Hernández recordó a los nuevos impartidores de justicia que los tribunales tienen la oportunidad y el deber de contribuir por la vía del derecho (y) a través de resoluciones justas’’.

El ministro Alberto Pérez Dayán dijo que ante la suma de factores económicos negativos hay severas restricciones en el ejercicio presupuestal, y el PJF no puede ni debe permanecer ajeno e indiferente, por lo que los juzgadores no sólo debemos velar por la legalidad de sus fallos, sino cumplir con las bases constitucionales de ahorro, combate al dispendio, racionalidad y eficiencia’’. (Con información de Rubén Torres)