El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, consideró integrar como un punto prioritario la procuración de los derechos humanos en la discusión de las iniciativas de ley sobre seguridad interior que se discuten en el Legislativo, para lo cual emitió 10 puntos de recomendación sobre el tema.

El ombudsman nacional destacó que se debe preservar el esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el artículo 21 Constitucional y lo previsto en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Federal, en lo concerniente a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación .

Estos artículos definen de forma explícita la jurisprudencia y atribuciones de las fuerzas del orden civiles y de la milicia mexicana.

Mencionó, además, que se necesita definir los ámbitos temporal, espacial y material de las acciones de seguridad interior, así como su difusión y publicidad y desechar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en la prevención e investigación del delito y sean estas funciones incluidas en su esquema de atribuciones.

La ley, en su caso, debe establecer las bases para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que le sean propias , dijo.

Agregó que, en todo caso, se debe prevenir que se afecte en cualquier forma el ejercicio de la libre manifestación por parte de la sociedad civil.

Al inaugurar el Foro Seguridad Interior, Seguridad Pública y Derechos Humanos organizado por la CNDH y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, González Pérez indicó la necesidad de que se emita una ley de seguridad interior, así como el alcance y contenido que, en su caso, debería tener la misma, no pueden ser producto de decisiones coyunturales o políticas .

Enfatizó que en principio es necesario aclarar los conceptos de seguridad interna, seguridad pública y seguridad nacional, prioritarios para generar una norma en la materia.

Con respecto a las tres iniciativas de ley que se están discutiendo en el Legislativo, el ombudsman sostuvo que antes de un pronunciamiento explícito esperará a que alguna ley sea aprobada; sin embargo, adelantó que ninguno de los proyectos de ley que se aprueben resolverá de fondo el problema, ya que es multifactorial.

Abundó que se deben replantar temas como la capacitación de las policías, tan postergada , atender las desigualdades del país, combatir el tráfico de armas o, incluso, realizar una revisión y replanteamiento a nuestro sistema penitenciario .

EL DATO

El fiscal del caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal, informó a diputados federales que ya inició la investigación a la telefonía celular de los 43 jóvenes desaparecidos, como lo demandó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El fiscal se reunió en privado con diputados federales que integran la comisión especial del caso Iguala. Tras el encuentro, la diputada Araceli Damián (Morena) informó que el fiscal les dio a conocer que las investigaciones telefónicas tienen el propósito de determinar la ubicación exacta de dónde estuvieron los jóvenes los días 26 y 27 de septiembre del 2014.

Añadió que el fiscal también les refirió que la investigación se aplicó en zonas diferentes al basurero de Cocula, donde, asegura la PGR, los jóvenes fueron incinerados.

Dio a conocer que la PGR se comprometió a avanzar en las investigaciones financieras de los líderes de Guerreros Unidos. (Con información de Jorge Monroy)

hector.molina@eleconomista.mx