El gobierno federal debe asumir la responsabilidad del sistema de alerta sísmica en todo el país, e invertir más en una política de prevención y no sólo de reacción como ocurrió en los movimientos telúricos del 7 y 19 de septiembre, opinaron expertos de la UNAM y del Colegio de México.

Víctor Manuel Cruz-Atienza, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, dijo que auspiciados por el gobierno de Japón, investigadores mexicanos comenzarán en noviembre un trabajo para instalar sismómetros y sensores de presión hidrostática en el fondo del mar de las costas de Guerrero, donde se teme que pudiera ser el epicentro de un sismo de gran magnitud.

En una reunión en la Comisión Ciudad de México de la Cámara de Diputados, el experto de la UNAM indicó que el gobierno federal debe asumir el sistema de alerta sísmica a nivel nacional, pues no existe norma técnica que exija a empresas como SkyAlert el cumplimiento de ciertas características instrumentales y de algoritmos que se emplean para la detección de desastres.

“El gobierno federal debe asumir la responsabilidad del alertamiento sísmico a nivel nacional, sin caer en instituciones locales empantanadas que puedan comprometer la eficacia del alertamiento”, aseveró.

Sugirió que los legisladores convoquen a un comité de expertos compuesto por sismólogos, ingenieros sísmicos estructurales y electrónicos en telecomunicaciones, a fin de evaluar de manera rigurosa el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) para garantizar que esto funcione mejor.

Gerardo Suárez Reynoso, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, enfatizó que la alerta sísmica es un sistema complicado donde falta la intervención de órganos de gobierno responsables de una normatividad adecuada para el uso de la alerta sísmica.

Ésta, reiteró, “es ideal para las escuelas porque los niños se educan a llevar a cabo simulacros y salir de las zonas de riesgo, pero no será útil para alguien que trabaja en un edifico de 12 pisos, por lo que tenemos que analizar qué podemos hacer ante ello”.

Asimismo, se requiere generar un sistema de financiamiento para los costos de operación, mantenimiento y renovación tecnológica de todos los sistemas de instrumentación, ya sea la alerta sísmica o la red de acelerógrafos de la Ciudad de México y de la UNAM.

En materia de los atlas de riesgo, señaló que son elementos importantes para conocer el peligro en cada localidad y su grado de vulnerabilidad, pero no se recomienda para prevenir riesgos.

Por su parte, Eduardo Reinoso Angulo, del Instituto de Ingeniería Sismológica de la UNAM, señaló la falta de interés por parte de los gobiernos federal y locales, con respecto a los riesgos sísmicos; “se encuentra en la prioridad número 45 de nuestra vida diaria”.

Mencionó que “no podemos dejar pasar el sismo del 19 de septiembre sin que no se resuelva cada uno de los casos donde alguien murió o cuando menos se revisen con detalle. Es una pena que los escombros de algunos edificios estén completamente recogidos porque no podemos hacer ningún tipo de ingeniería forense”.

Añadió que es fundamental mayor transparencia en el detalle de la construcción de los edificios y sostuvo lo difícil de alertar sobre el riesgo de un inmueble.

Sergio Puente Aguilar, investigador de El Colegio de México, expresó que es irracional hablar de planificación urbana cuando se tiene un proceso fuera de la norma e ilegal.

“La idea de un nuevo ordenamiento es priorizar la prevención y no la emergencia o atención de la misma”, concretó.