La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus afectó de manera considerable el funcionamiento del sistema de justicia penal en México, mientras que el tema de la inseguridad se mantuvo como uno de los mayores retos del país para obtener un Estado de Derecho robusto, identificó World Justice Project (WJP).

La organización civil presentó el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, en su tercera edición de índice subnacional, que mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades del país. En el informe el WJP advirtió que los resultados indican que hay un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición.

En promedio a nivel nacional el puntaje de Estado de Derecho se ubicó en 0.40, una décima por arriba de lo registrado en los dos estudios anteriores cuyo indicador fue 0.39, en donde 0 indica una adhesión más débil al Estado de Derecho y 1 una adhesión más fuerte.

En el caso del orden y la seguridad, que mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades, los datos indican que sigue como uno de los principales problemas en el país, con un puntaje nacional de 0.43, aunque, se destacó que la mayoría de las entidades registraron una disminución en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas.

“La seguridad continúa como uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país, de acuerdo con la experiencia de las y los especialistas consultados durante el 2020”, indicó el informe.

“No obstante, se registraron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva en la mayoría de los estados. La medición de ausencia de delitos mejoró en 26 estados del país, debido a caídas en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas de la ENVIPE 2020, que mide delitos ocurridos en 2019”, se añadió en el documento.

El Índice, que mide ocho factores para crear el concepto de Estado de Derecho, como lo son: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil, y justicia penal, destacó que los estados con los puntajes más altos fueron Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44).

Se subrayó que Yucatán ha liderado las tres ediciones del Índice, mientras que Coahuila y Campeche subieron desde las posiciones 6 y 4 en la versión previa del informe, respectivamente. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36).

Emergencia sanitaria

Por otro lado, se dijo que el principal reto en materia de Estado de Derecho durante la emergencia sanitaria fue sin duda el sistema de justicia penal, ya que cayó en 16 estados desde la última edición (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas).

Según los indicadores que evalúa la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia, los datos sugieren que los sistemas de justicia penal se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias de Justicia Abierta y Digital que facilitaran el acceso a la ciudadanía por medios remotos y colaborativos.

También se añadió que el país sigue con retos en el área de investigación penal, ya que por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de las entidades federativas fue aquel que analiza la efectividad en las investigaciones de la policía y del Ministerio Público.

maritza.perez@eleconomista.mx