Expertas coincidieron en que la pandemia por Covid-19 evidenció la gravedad de la violencia contra mujeres y niñas que persiste en el país y que prevalece la carencia de recursos y servicios para garantizar la seguridad de mujeres y menores de edad.

Entrevistada por El Economista, la directora general de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, declaró que pese a las declaraciones de las autoridades sobre la disminución de la violencia en el país, la cifra de delitos cometidos contra mujeres es alarmante, y recordó que desde las organizaciones sociales se advirtió al gobierno federal sobre el panorama internacional en el aumento de la violencia de género contra mujeres.

“Este gobierno no estuvo a la altura para tener la doble emergencia, la primera ocasionada por Covid-19 y la segunda sobre la violencia contra las mujeres, que no se atendió de manera integral contemplando la labor de la sociedad civil”, señaló.

Por su parte, la asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Ana Yeli Pérez indicó que la violencia contra mujeres se vio agudizada por la contingencia sanitaria ante la falta de servicios para atender a las víctimas y la disminución de las capacidades institucionales y de personal.

“Las capacidades que se exigen son mucho mayores y estas demandas ya estaban presentes antes de la pandemia. Se ha evidenciado un problema focalizado en la violencia doméstica por el confinamiento, pero permanecen el resto de las violencias pendientes por atender y ahora con menor atención, porque no se cuenta con los recursos humanos disponibles”, dijo.

Por otra parte, añadió, las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres han visibilizado la gravedad del problema ya que “han diagnosticado una situación grave. Hay estados que a partir de las alertas se han identificado contextos de alto índice de crimen organizado. Es el resultado de décadas de omisiones”.

marisol.velazquez@eleconomista.mx