Desde febrero del 2018 a la fecha, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Jalisco ha abierto alrededor de 2,000 carpetas de investigación, y tiene abiertos 1,300 casos, entre los que destacan el de la venta de medicinas a sobreprecios al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), que involucra a una empresa relacionada con el ex delegado de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia de la República en Jalisco, Carlos Lomelí, así como quebrantos en contra del patrimonio de la Comisión Estatal de Agua (CEA).

En entrevista, el titular de la fiscalía anticorrupción jalisciense, Gerardo Ignacio De La Cruz Tovar, afirmó que la institución a su cargo tiene autonomía. Sin embargo, todavía hace falta que el Congreso de Jalisco apruebe su ley orgánica, en la que se establezcan claramente sus responsabilidades y procedimientos.

Expuso que, si bien en esa entidad la fiscalía anticorrupción opera en mejores condiciones a las de otros estados, en donde han tardado más en implementarse sus respectivos sistemas estatales anticorrupción, es necesario contar con su legislación propia para no depender en ese sentido de la de la fiscalía general del estado.

Comentó que este tipo de preocupaciones ya fueron expuestas al Senado de la República.

El pasado 12 de junio, un grupo de 20 fiscales estatales anticorrupción se reunió con integrantes de la Comisión Anticorrupción, a quienes les plantearon la necesidad de definir una política criminal anticorrupción, fortalecer el sistema en la materia, capacitar al personal y dotar de presupuesto y autonomía a todas las fiscalías en los estados.

De lo que se trata es de que se establezcan reglas claras y no se tenga que estar enfrentando el tema del combate a la corrupción de manera dispar, añadió.

En el caso de Jalisco, detalló que la fiscalía opera de manera independiente, aunque ha batallado con el tema presupuestal, particularmente en el último año de la administración del gobernador priista Aristóteles Sandoval.

Expuso que para este año se incrementó el presupuesto y se encuentra en la fase de reforzar el equipo de trabajo para atender a la demanda. En ese sentido, refirió que en febrero del 2018, cuando asumió el cargo, la fiscalía inició operaciones con un solo agente del Ministerio Público, hasta junio del 2019, cuando se sumaron dos, y en abril pasado dos más, de modo que ahora cuenta con cinco, pero se espera agregar otros dos antes de que concluya el año.

En materia de presupuesto, manifestó que durante el primer año de ejercicio su presupuesto fue de menos de 8.5 millones de pesos, cuando, por ejemplo, la fiscalía anticorrupción de Sonora ejerció más de 70 millones.

Entre los asuntos atendidos por esa dependencia, destaca la detención y el logro de que un juez determinara la vinculación a proceso de tres exfuncionarios del Ipejal y tres exfuncionarios de la CEA, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con actos de corrupción.

El juez undécimo de Control y Juicio Oral de esa entidad ordenó la vinculación a proceso del exdirector de Ipejal, la exadministradora de Pensiones y el exjefe de Recursos Materiales y Servicios, así como de dos directivos y representantes de la empresa farmacéutica Abastecedora de Insumos para la salud (Abisalud), relacionada con el ex delegado de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia de la República en Jalisco, Carlos Lomelí.

Los procesados habrían participado en una operación que derivó en la firma de un contrato en el que la empresa compró a sobreprecio medicinas. Eso habría configurado los delitos de uso indebido de atribuciones de los servidores públicos involucrados y de fraude para los particulares.

Destaca la vinculación a proceso de tres exdirectores de la CEA, por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en el desvío de 13.5 millones de pesos.

Se trata de la exdirectora de Planeación Estratégica, el exdirector de Administración y el extitular de Contabilidad en esa dependencia.

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