Los agentes del Ministerio Público deben someterse al polígrafo como parte de las pruebas de confianza a las que deben someterse para permanecer en su cargo, determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al negar un amparo promovido por Juan Carlos Cruz Valencia, agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, quien argumentaba que la prueba del polígrafo violaba el debido proceso al quebrantar el principio de irretroactividad de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la SCJN decidió negar debido a que el polígrafo se prevé en el sistema para desarrollar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal , entre los cuales se encuentran los agentes del Ministerio Público.

Dicha evaluación, que contempla un conjunto de pruebas, es uno de los requisitos de permanencia en la Institución y además se dispone que serán permanentes, periódicos y obligatorios y tienen por objetivo principal comprobar que los servidores públicos cumplen los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, preceptos que, a decir en la resolución de este caso, no trasgreden el principio de retroactividad que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Segunda Sala estimó que el uso del polígrafo no contraviene el derecho fundamental del debido proceso, porque el objetivo principal de los procesos indicados es comprobar que los servidores públicos cumplan los principios, que sólo se podrán obtener a través de los procesos de evaluación de confianza, por lo que se justifica plenamente la inclusión de esta prueba.

La Segunda Sala aclaró que el resultado de la prueba del polígrafo no es determinante por sí misma, pues deberán tomarse en cuenta las demás pruebas de la evaluación. Debido a que este test no señala por sí solo que el servidor público haya mentido y que por ello se infiera su falta de honestidad, entonces su aplicación no contraviene el derecho humano del debido proceso.