Para la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el que nuestro país lleve apostando por más de 20 años a la militarización como estrategia para atender la seguridad pública, no ha tenido un impacto positivo en la incidencia delictiva ni en la impunidad, al tiempo que la ampliación de las funciones de las fuerzas armadas va en detrimento de las instituciones civiles y es un gran riesgo de violaciones graves a los derechos humanos.

Al presentar una serie de 5 documentos que explican los efectos negativos de la militarización de la seguridad pública, que impide la construcción de un México más seguro y en paz, MUCD advirtió que a pesar del aumento de elementos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, dentro y fuera de la Guardia Nacional, delitos como el homicidio doloso, el secuestro o la extorsión no solo no han disminuido, sino que han aumentado, al igual que otros delitos locales y federales que no se previenen, investigan ni sancionan adecuadamente.

Y a pesar de la evidencia, se sigue dando mayor independencia y menor supervisión a las actividades de las fuerzas armadas, lo cual no solo tiene impacto en el fracaso de la política pública de seguridad, sino en el fortalecimiento del Ejército y la Armada permanente.

“Cada año la crisis de violencia es peor que el año anterior, pero se sigue apostando por la misma estrategia, sin evaluar sus resultados. Una política pública efectiva debe entender el problema, y abordarlo de una forma integral. Así, debe atender no solo la contención del delito, sino la prevención social y la prevención de la reincidencia delictiva. Una política pública efectiva, debe ser planeada y no improvisada; basada en inteligencia y no en la fuerza bruta”, expresan los informes.

Asimismo, señaló que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe estar limitada en una regulación clara y específica, ya que se deben establecer las situaciones extraordinarias que ameriten esta participación, además, se deben establecer los mecanismos suficientes para fiscalizar su actuar y someter a las fuerzas castrenses al orden civil.

Mientras que las fuerzas civiles de seguridad no pueden perder la titularidad de las acciones que se lleven a cabo por parte de las fuerzas armadas y deben estar por encima de ellas en la cadena de mando.

“No hacer el esfuerzo de regular en este sentido solo tendrá como resultado la normalización y el aplazamiento del estado de cosas actual. Eventos lamentables como los ocurridos en Tlatlaya, en Tanhuato, en Monterrey, en Tepochica o en Nuevo Laredo seguirán ocurriendo. El Estado mexicano, en este sentido, está en deuda con las víctimas de la violencia”, enfatizó la organización.

Además de que no se pueden obviar los riesgos a los que se enfrenta la población civil cuando intervienen los elementos militares en las calles. “Las incontables violaciones a los derechos humanos han demostrado que es necesario que se tomen medidas estrictas para prevenir que vuelvan a ocurrir”, se dijo.

Por otro lado, también se acusó que la ampliación en las funciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y de otra naturaleza va en detrimento de las instituciones civiles, ya que pese a que prácticamente cada uno de los gobiernos recientes han acompañado sus afanes militarizadores con descalificaciones a las fuerzas policiales y, a la vez, con promesas de fortalecimiento, éstas no han logrado consolidarse.

“Muchos esfuerzos, tanto a nivel federal como municipal no han logrado consolidarse por falta de continuidad de por parte distintos gobiernos restricciones presupuestales y porque se ha privilegiado un modelo de militarización en vez de apostar por procesos de largo aliento que nos permitan construir corporaciones policiacas con un enfoque de seguridad ciudadana”, enfatizó.

En el caso de la Guardia Nacional, se dijo que es un claro ejemplo de cómo las instituciones civiles de seguridad claudicaron ante la construcción de una corporación que en los hechos es militar, pues los recursos humanos y materiales del órgano policial más grande, como lo era la extinta Policía Federal, se trasladaron al nuevo cuerpo. Además, ninguna otra corporación o modelo recibe tal cantidad de dinero aún en un contexto de híper austeridad como la de la actual administración.

Finalmente, se expresó que en el marco de una política enfocada en el combate frontal de las organizaciones criminales, los distintos gobiernos federales han justificado el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública y se ha legitimado, minimizado y solapado numerosos casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidos en cumplimiento de dicha política.

Al tiempo que las autoridades continúan apostando al uso de Ejército y la Marina en funciones de seguridad pública, dotándolos cada vez de más atribuciones, por lo que resulta incomprensible esta decisión, toda vez que la evidencia disponible confirma que el uso de las fuerzas armadas no se ha traducido en reducir los niveles de violencia y lograr la pacificación del país, pero sí ha costado la vida, la libertad y la integridad de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias.

Específicamente, las mujeres se han visto mayormente afectadas por la militarización de la seguridad pública, ya sea por violaciones a sus derechos humanos cometidas directamente por elementos del Ejército y la Marina o por el aumento generalizado de la violencia provocado por enfrentamientos entre supuestos grupos delincuenciales y las fuerzas armadas.

“La evidencia demuestra que la militarización de la seguridad pública es uno de esos factores, por lo que la expansión de la política militarista de seguridad pública sólo perpetúa y agrava esta violencia sistémica. Es urgente que se analice y se planteen alternativas para transitar a un modelo de seguridad pública civil que incluya la sensibilización y la perspectiva de género”, subrayó.

kg