México ha visto crecer en los últimos años de manera exponencial el número de desapariciones de personas y de fosas clandestinas.

Dicha crisis se agrava debido a la falta de registros genéticos y una deficiente y obsoleta infraestructura a nivel local de recolección de material genético, que impide reconocer y cruzar datos de personas desaparecidas con los cuerpos encontrados en decenas de fosas clandestinas que se encuentran año con año en el territorio nacional y que se agrupan sin reconocimiento en las morgues públicas.

De acuerdo con los oficios PGR/UTAG/DG/001391/2018 y PGR/UTAG/DG/005737/2018 girados por la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, los peritos adscritos a la dependencia participaron entre el 2006 y hasta septiembre del 2018 en la exhumación de cuerpos y restos de unas 292 fosas clandestinas en más de la mitad de los estados del país.

En concordancia con los mismos oficios, de estas fosas clandestinas se exhumaron 799 cuerpos y diversos restos óseos, de los cuales entre 2006 y hasta marzo del 2018 se habían identificado 270.

En el oficio PGR/UTAG/DG/001391/2018, la entonces Procuraduría refirió a un ciudadano, que en materia de fosas clandestinas encontradas, no en todos los casos la PGR tiene participación y conocimiento de ellas.

Por otra parte, sobre los registros genéticos, la PGR respondió en septiembre del año pasado a otro particular en una solicitud de información, a través del oficio PGR/UTAG/DG/6093/2018, que en sus bases de datos había 15,290 perfiles genéticos obtenidos de cadáveres y restos óseos no identificados, no obstante, también informó que se desconocía cuántos de estos perfiles genéticos venían de cuerpos exhumados en fosas clandestinas.

“Gigantesco” reto

El fortalecimiento de la infraestructura para el procesamiento de datos genéticos en el país es una de las principales tareas que debe atender el gobierno federal que acaba de entrar en funciones, opinó Lucía de los Ángeles Díaz, directora del colectivo de desaparecidos en Veracruz Solecito.

“Hay cosas muy puntuales (que debe hacer la nueva administración), por ejemplo, la identificación; hay muchos cuerpos que ya se han localizado, por ejemplo nosotros con el colectivo Solecito íbamos en 313 (cuerpos encontrados) y de ésos nada más se han identificado 18”, indicó.

La activista tildó como “gigantesco” el reto de mejorar los servicios de identificación en el país.

“Es necesario tener la capacidad genética; los laboratorios, los peritos, genetistas; hay que hacer una infraestructura también para poder trabajar todo esto y contratar gente especializada con experiencia, entonces ahí hay un reto bastante grande”, expuso Ángeles Díaz.

La activista consideró que nunca como hoy en México había sido tan necesario tener una infraestructura forense fuerte y, pese a ello, el tema no se ha tratado tanto en los estados como a nivel federal: “no se ha procurado agrandar las capacidades, entonces hay que poner orden, hay que hacer censos, creemos que toca a este gobierno hacer lo que no hicieron los anteriores”, indicó.

Por su parte, María Josefina León Mendoza, del colectivo Red de Desaparecidos de Tamaulipas, puntualizó que un punto focal es el uso de las comisiones de búsqueda, tanto locales como federal.

Estas comisiones, dijo, se deben fortalecer tanto en lo económico como en su infraestructura.

Y es que, de acuerdo con la ley en materia de desaparición forzada cometida por particulares, son las comisiones de búsqueda locales y nacional las que deben llevar registros de las personas desaparecidas.

No obstante, Josefina León añadió que en tanto no se resuelva el problema de inseguridad no se podrá tampoco atacar de fondo el problema de desapariciones.

“Yo creo que (la crisis de desapariciones se debe) a todo el contexto que vivimos; vivimos una grave situación de inseguridad que no ha podido ser controlada por el Estado, definitivamente no ha podido, no ha encontrado que la estrategia que implementó sea una estrategia que prevenga la inseguridad.

“Y con esa inseguridad se da todos los hechos delictivos y en específico las desapariciones se han incrementado por esa falta de seguridad, que es un derecho de todos los ciudadanos”, acotó.

Cabe destacar que en días pasados, Karla Irasema Quintana Osuna fue designada como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

[email protected]