Veinte funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de México son investigados por posibles torturas a testigos de una presunta ejecución de 22 civiles por militares en junio que estremeció al país, informó este miércoles el procurador del estado.

Los funcionarios, entre los que hay agentes, policías ministeriales y peritos, "están en la mejor disposición de colaborar en la investigación", dijo a periodistas el fiscal de estado de México, Alejandro Gómez.

El 30 de junio de 2014, ocho militares tuvieron un enfrentamiento con 22 presuntos delincuentes en una bodega de Tlatlaya, una localidad de la violenta subregión de Tierra Caliente a 240 km de la capital.

En un primer momento, el Ejército informó que todas esas muertes se produjeron en el fuego cruzado, pero una sobreviviente reveló en septiembre que la mayoría de los fallecidos fueron asesinados a sangre fría después de rendirse, desatando un escándalo en México.

En octubre, la fiscalía general acusó a los militares de haber matado a 8 de los civiles pero una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que al menos 12 de los muertos fueron ejecutados por los soldados.

En su informe, la CNDH recavó, además, testigos escalofriantes sobre el trato vejatorio e intimidante que habrían recibido algunas de las testigos del crimen por parte de agentes de la fiscalía para que negaran que se trató de una ejecución.

Relata, por ejemplo, como tres funcionarios encerraron a una de las chicas en un baño, donde le pegaron y la asfixiaron con una bolsa mientras le hacían un interrogatorio.

"Un hombre la amenazó de violarla, ya que le hizo preguntas sexuales amenazantes, se bajó el pantalón y le ordenó que se inclinara. En ese momento, dijo que ella diría lo que le indicaban", denunció el Ombudsman.

Siete militares están presos por el caso, sólo tres de ellos por homicidio calificado de ocho personas y alteración ilícita del lugar.

El caso de T latlaya se considera uno de los más graves abusos de militares contra civiles desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón involucró a los militares en la lucha contra el narcotráfico y se añade a la crisis que afronta el gobierno de Enrique Peña Nieto por la desaparición y presunta masacre de 43 estudiantes en Guerrero.

mrc