La Procuraduría General de la República, además de realizar peritajes en aparatos e instrumentos entregados por la Cámara de Diputados, con los que presumiblemente se hacía interceptación de llamadas y grabaciones, deberá delimitar el delito, porque una cosa es espionaje y otra intervención de comunicaciones.

Arturo Argente, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, expuso que el espionaje e intervención de comunicaciones sin orden judicial son cosas tan distintas y dispares que falta precisión. Es un hecho más de sospechosismo, pero se vuelve a dar en época electoral. Es una noticia poco afortunada, porque en lugar de poner más claras las reglas, confunde más a la sociedad y a la opinión pública.

Esto de la infiltración de micrófonos o grabaciones tampoco es nuevo. Pero sí diferente, porque hablamos de una Secretaría de Gobernación muy diferente a la de hace 20 años, cuando había infiltración efectiva.

Son declaraciones en una turbulencia electoral, cuando se trata de crear cortinas de humo. No es algo prudente, pero si hay evidencias, que se castigue al responsable , afirmó.

El delito de espionaje se encuentra expresado en los artículos 127, 128 y 129 del Código Penal Federal (CPF). El primero se refiere a la participación de un extranjero que en tiempo de paz ofrezca informes, datos o documentos para una invasión de nuestro territorio y por tanto será sentenciado de cinco a 20 años de prisión y una multa de hasta 50,000 pesos.

El artículo 128 expone: Se aplicará pena de prisión de cinco a 20 años y multa de hasta 50,000 pesos al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, si con ello perjudica a la nación mexicana .

El artículo 129 sostiene: Se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de 5,000 pesos al que teniendo conocimiento de las actividades de un espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades .

Sobre las comunicaciones, el Artículo 16 constitucional establece: Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada .

El delito de intervención de comunicaciones privadas está previsto y sancionado en el artículo 177 del CPF: A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa .

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