Frente a los altos índices de violencia por armas de fuego que sufre nuestro país, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, planteó en noviembre del año pasado un acuerdo entre México y Estados Unidos para implementar operativos conjuntos en seis cruces fronterizos con el fin de detener el flujo ilícito de armas, principalmente desde el país vecino.

Al realizar un estudio amplio sobre el tráfico ilegal de armas en México, la Cancillería publicó en su revista digital interna un número especial sobre el análisis de su titular y otros funcionarios con relación a la estrategia de México en la materia, ello en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, donde la problemática formó parte de la agenda.

En tanto que este miércoles se dio a conocer que Estados Unidos ya había contestado a la nota diplomática enviada por el canciller Marcelo Ebrard sobre el operativo “Rápido y Furioso”, llevado a cabo en el 2009 y por el cual autoridades de EU permitieron el ingreso ilegal de 2,500 armas a México.

Ello fue confirmado por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, durante la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington.

El pasado 11 de mayo, el gobierno federal solicitó a Estados Unidos que le proporcionara toda la información que se disponga respecto del operativo fallido que permitió la distribución de las armas entre los grupos criminales mexicanos.

En este contexto, la Cancillería expone en la Revista Mexicana de Política Exterior, número especial 2020, que la Iniciativa Mérida implicó un crecimiento exponencial de las exportaciones de armas estadounidenses a las Fuerzas Armadas mexicanas, sin detener la violencia y muertes.

Y aunado a esta estrategia de combate a la delincuencia con mayores niveles de fuego, se sumó en el sexenio pasado el retiro de la llamada “segunda frontera” que mantenía inspecciones en las principales rutas de trasiego.

Por lo que “los resultados de ambas medidas fallidas son fulminantes”.

Por ello, la SRE considera que el operativo conjunto entre México y Estados Unidos iniciado a finales del 2019 es un primer paso en el sentido correcto.

Marcelo Ebrard, titular de la SRE, argumenta que ante la llegada de esta nueva administración federal, se decidió complementar la estrategia que se había centrado en el flujo transfronterizo sur-norte —de drogas y migrantes, muchos en tránsito—, atendiendo la preocupación de las autoridades estadounidenses, con los flujos ilícitos que se dan en sentido norte-sur, principalmente de armas.

Por lo que, con base en el registro de armas recuperadas y de información de la red consular fronteriza, fue esbozado un mapa que cruza las rutas de las armas de fuego con las zonas de mayor violencia en México, con cifras del alto costo financiero y humano que representa el conjunto de delitos cometidos con armas de fuego.

En diagnóstico se centró en dos partes; el 70% de las armas estadounidenses que llegan a México y el 30% de las armas que, según registros oficiales, ingresan de manera ilícita a México, principalmente de fabricación europea.

Fabián Medina, jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, detalló que se han elaborado dos mapas con los registros de aseguramiento. Así, la propuesta de un acuerdo bilateral, presentada en noviembre del 2019, y la de implementar operativos conjuntos en seis cruces fronterizos principales desde diciembre del mismo año, permitirían acciones concretas más eficaces en San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa, Brownsville-Matamoros y Nogales-Nogales.

En el mapa de las armas ilícitas en México relaciona las rutas y sus destinos con las estadísticas de homicidios y delitos por armas del Inegi.

Un primer boceto realizado con fuentes oficiales identifica los cruces de mayor dinamismo: Tijuana, Ensenada y la Rumorosa, en Baja California; Agua Prieta, Nogales y Querobabi, en Sonora; Ciudad Juárez y Ojinaga en Chihuahua; Nuevo Laredo, San Fernando, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas; Colombia, en Nuevo León; y Manzanillo, en Colima.

Tamaulipas y Sonora son considerados como los puntos de tráfico de armas más importantes, seguidos por BC, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

maritza.perez@eleconomista.mx