Implementar una política dirigida a la inserción laboral, trasparentar los recursos destinados a la educación superior y actualizar los programas educativos, fueron las tres principales recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a las autoridades educativas mexicanas.

La OCDE presentó en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el informe “El futuro de la educación superior en México: promoviendo calidad y equidad y la educación superior en México: resultados y relevancia para el mercado laboral”, que enlista prioridades y recomendaciones que deberá atender el sistema educativo nacional.

“México sigue enfrentando retos importantes en la conexión de su sistema de educación superior con el mercado laboral; uno de cada dos egresados ejerce un empleo que no requiere estudios universitarios, aún queda mucho trabajo por delante para garantizar que los jóvenes consigan empleos de calidad para poder desarrollarse profesionalmente y contribuir al máximo a una economía en constate evolución”, dijo el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.

El documento indica que, si bien se tiene amplia cobertura en educación básica, en la actualidad sólo 56.3% de los mexicanos concluye el nivel medio superior.

Además, de quienes ingresan a las universidades únicamente 17% de la población entre 25 y 64 años cuenta con un título profesional, mientras que el promedio de los países integrantes de la OCDE es de 37 por ciento.

El estudio resalta la necesidad de otorgar los recursos económicos suficientes para la inversión por estudiante en este nivel educativo, ya que de los países integrantes de la organización internacional el gasto por estudiante en el país es de los más bajos, sólo por encima de Colombia.

México invierte 9,000 dólares por estudiante de educación superior mientras que otros países de la OCDE gastan arriba de 20,000 dólares por alumno.

La organización refirió la necesidad de una legislación que regule de forma integral la educación superior, ya que la Ley de Coordinación de la Educación Superior del año 1978 proporciona directrices básicas para la coordinación entre los gobiernos estatales y federal.

Abundó que las responsabilidades de competencia de la ley vigente, respecto de las instrucciones de educación superior y procedimientos para coordinar sus actividades, no están claras.

En tanto, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, adelantó que se trabaja para presentar ante el Congreso diversas modificaciones a ley de educación superior “porque la anterior ya está muy rebasada”.