Los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán son las zonas de mayor riesgo para los ediles y exediles, de acuerdo con información de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

A través de una infografía sobre  “Violencia contra alcaldes en México”, esta asociación —que actualmente agrupa a cerca de 471 municipios del país— dio cuenta de que del 2006 al 17 de mayo del 2018, habían sido asesinados un total de 128 alcaldes, electos, en funciones o exediles en 127 municipios del país.

La agrupación —fundada en el 2004— detalló que son aquellos municipios con presencia del crimen organizado, bajo desarrollo institucional y falta de recursos para seguridad pública los que representan un mayor riesgo para los funcionarios del nivel local.

De los 127 municipios donde se han registrado homicidios de estas figuras políticas, en 85 de ellos el presupuesto asignado es de menos de 200 millones de pesos. A su vez, en 108 de esos municipios, habitan menos de 50,000 personas.

La ANAC detectó que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón se registraron 48 presidentes municipales electos, en funciones o exalcaldes muertos. Mientras tanto, en cinco años de la administración del mandatario Enrique Peña Nieto van 80 asesinatos.

De los 128 homicidios, nueve han sido en contra de ediles electos; 56 estaban en funciones y 63 ya habían dejado su cargo. En relación con las fuerzas políticas a las que pertenecían, 57 eran del PRI, 31 del PRD, 17 del PAN y 23 militaban en otros partidos políticos.

Sobre el tema, la directora de México Evalúa, Edna Jaime Treviño, advirtió que los presidentes municipales son altamente vulnerables a ser blanco de atentados por parte del crimen organizado debido a la falta de consecuencias que implica matar a un político de este cargo.

La falta de investigaciones sobre estos crímenes, abundó Jaime Treviño, provoca que no se conozca el móvil de estos actos y envía un mensaje de empoderamiento a los criminales por encima de la fuerza del Estado.

“Estos asesinatos responden a esta lógica de control territorial, control no sólo para trasiego de droga, sino también para capturar las instituciones del Estado y ponerlas al servicio criminal (...) También se logra amedrentar a políticos que quieran disputar el poder en esos lugares, se favorece el arribo al poder de gente que va a estar al servicio de criminales”, detalló Edna Jaime.

En un estudio diferente, la firma especialista en análisis de riesgos Etellekt argumentó que los alcaldes como jefes políticos de sus partidos en las localidades que gobiernan inciden de manera importante en la designación de candidaturas, lo cual los convierte en un sector vulnerable a intereses de grupos políticos o criminales que buscan influir en estos procesos.

En el Cuarto Informe de Violencia Política en México, con cifras del 8 de abril al 8 de mayo del 2018, la consultoría registró 12 alcaldes asesinados, de los cuales dos contaban con licencia y registro como candidatos. Se trató del presidente de Jilotlán, Jalisco, Juan Carlos Andrade Magaña, quien buscaba reelegirse en el cargo, y el munícipe de Coyuca de Catalán, Guerrero, quien aspiraba a una diputación local.

La empresa de análisis ha encontrado un alto componente de violencia y autoritarismo en las 305 agresiones que ha registrado durante el actual proceso electoral. De estos actos, ocurridos en 30 entidades del país, 72% se dirigió contra políticos de oposición con respecto a los partidos gobernantes en el ámbito estatal.

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