En los últimos seis meses, 31 personas a quienes el gobierno federal dio la calidad de presos políticos, han sido liberadas. En estudio se encuentran otros 538 casos, informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Alejandro Encinas presentó a seis personas de la comunidad de Salazar, Estado de México, que fueron liberadas el pasado 23 de mayo del Centro de Readaptación Social en Santiaguito, Almoloya de Juárez. Dichas personas fueron acusadas por diversos delitos, debido que eran defensores del territorio de la comunidad de Salazar, según dijo Alejandro Encinas.

“Esa liberación fue resultado de un proceso en donde la propia juez resolvió que la causa penal por la que se encontraban ellos detenidos no era consistente, no había elementos suficientes de prueba y obtuvieron su libertad incondicional sin ningún cargo.

“Ellos son Fermín Esquivel Rojas; Miguel Ángel Vilchis García; Yuriko Maribel Becerril; Daneyra Becerril Villavicencio; Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García, en donde han obtenido su sentencia absolutoria. Vamos a continuar con estos procesos de paz y de justicia para defender a los que indebida e injustamente han sido detenidos.

“Este caso tiene que ver con la defensa de 217 hectáreas de bosque y tierras comunales que pretendían favorecer a particulares, pero que muy dignamente ellos han defendido, incluso con el costo de la pérdida de su libertad y hoy se les hace justicia”, indicó Encinas.

El presidente López Obrador dijo que la Secretaria de Gobernación ya tiene instrucciones para acelerar todos los procedimientos, a fin de liberar a todos los “presos políticos”.

Argumentó que con esto, la Segob, pasó de ser una dependencia que “espiaba, perseguía, que ordenaba la represión a los ciudadanos, ahora está convertida en la principal institución del Estado mexicano para la defensa de los derechos humanos”.

“Vamos a seguir cumpliendo con este propósito, estamos ya analizando la posibilidad de aplicar, de conformidad con la ley, procedimientos más ágiles, expeditos, para liberar a quienes injustamente están en las cárceles del país, muchos inocentes, mucha gente que por distintas razones está en prisión y debería de gozar de libertad.

“Los trámites que se tienen que hacer para liberar a quienes están en las cárceles son muy engorrosos, complejos, porque tienen que ver con esa visión muy coercitiva en la aplicación de la justicia. Por eso tenemos que buscar la manera de agilizar los procedimientos en el marco de nuestras facultades, porque hay quienes están en la cárcel y no tienen sentencia desde hace años. Hay quienes están en la cárcel y ya son ancianos, hay quienes están en la cárcel y nunca tuvieron defensores o son indígenas que no hablan el castellano, que hablan su lengua materna. Hay también quienes están en la cárcel por delitos menores, pero por su situación, su circunstancia de pobreza, no tienen para pagar sus fianzas.

“Tenemos que hacer una revisión de todos estos casos, (porque) hay a los que se les fabricaron delitos, porque ese era una mala costumbre en los gobiernos anteriores, que cuando se quería perjudicar a alguien, sobre todo a los opositores, se les fabricaban delitos: maestros que fueron acusados de lavado de dinero cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa.

“Todo eso se está revisando para que pronto podamos liberar a muchos inocentes que están en las cárceles del país. Desde luego tenemos que cuidar que no se hayan cometido hechos violentos donde hayan perdido la vida personas, todo eso tomarlo en consideración, pero sí dar la libertad a muchos inocentes, a mucha gente que no debería estar en prisión”, dijo López Obrador.

Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas dijo que en los primeros seis meses del nuevo gobierno federal, 31 personas han logrado obtener la libertad, y “estamos analizado 538 casos en particular, que la primera revisión consideramos que hay elementos de injusticia, de violaciones a su proceso, de detenciones indebidas, de declaraciones obtenidas incluso bajo tortura”.

Aseveró que la Subsecretaría a su cargo dará seguimiento a cada uno de esos casos, “haciendo la revisión exhaustiva en coordinación en lo que se refiere a delitos que se les imputaron del fuero común con las autoridades locales, las fiscalías”.

“Hacemos un llamado a los Gobernadores de los estados, a los fiscales de las entidades federativas para que coadyuven en el desahogo de la revisión de sus expedientes, como lo estamos haciendo también en el caso de la Fiscalía General de la República, en donde tenemos en puerta la revisión de nuevos expedientes para que, a través de la figura de desistimiento puedan obtener su libertad gente que está injustamente detenida”, comentó.

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