Gobierno anuncia la exhumación de víctimas de San Fernando

A una década de la desaparición y asesinato de 72 migrantes en el ejido de El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas, el caso se mantienen impune, con sólo 15 detenidos (sin sentencias); nueve cuerpos sin identificar y la incertidumbre de familiares sobre errores en la entrega de los cuerpos de las víctimas.

Es en este contexto que familiares de la víctimas e instituciones de defensoras de derechos humanos internacionales exigieron al Estado mexicano cumplir con la responsabilidad de facilitar el acceso a las investigaciones, realizar la exhumación de cuerpos, y mantener abiertas las indagatorias en torno a este caso.

Durante una reunión virtual con algunos de los familiares de los 72 migrantes- entre las víctimas había 24 hondureñas, 14 salvadoreñas, 13 guatemaltecas, cinco ecuatorianas, tres brasileñas y una persona de la India- asesinados en 2010 por un grupo delincuencial en San Fernando, Tamaulipas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que el gobierno federal buscará hacer una nueva identificación de los cuerpos de migrantes de Guatemala y Brasil que fueron entregados a sus familiares, por lo que solicitarán su exhumación.

En el encuentro también participaron víctimas y miembros de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, así como con integrantes del gobierno federal y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, los Procuradores de Derechos Humanos de Guatemala y el Salvador, así como un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, se llegaron en total a 11 acuerdos.

Mientras que a través de un comunicado familiares respaldados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señalaron que por su gravedad y las circunstancias en que ocurrieron los hechos, la masacre de los 72 migrantes, ha sido calificado como graves violaciones a los derechos humanos, por lo que es necesario  garantizar a las víctimas su derecho de acceso a la verdad, justicia y reparación, y a su vez dar a la sociedad una respuesta sobre lo ocurrido.

“A diez años de este terrible hecho, 72 familias siguen esperando conocer la verdad, 72 familias se siguen preguntando ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién o quiénes lo hicieron? A diez años todavía hay 9 víctimas sin identificar. A diez años aún hay familias que no tienen certeza que fue su familiar el que recibieron. A diez años 72 familias siguen luchando por una justicia que no llega”, consignaron.

Por su parte, las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Honduras y la Oficina Regional para América Central y República Dominicana instaron a las autoridades de El Salvador, Honduras y México a intensificar los esfuerzos para la investigación de los hechos, con la cooperación y participación de los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

“Este caso evidenció la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante en su tránsito por los países de la región y las graves violaciones de derechos humanos a las que con frecuencia se enfrenta. Hechos similares se repitieron en San Fernando en 2011 y en Cadereyta, Nuevo León, México, en 2012”, recordaron los organismos.

En tanto que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), recordó que a raíz de estos hechos se le ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar versión íntegra de la averiguación previa del caso

Mientras del 10 de septiembre de 2010 al 22 de agosto de 2020 se han presentado 208 solicitudes de información a diversas instituciones públicas sobre el asesinato de los 72 migrantes, en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y el hallazgo de las fosas clandestinas, en 2011.

Asimismo, la CNDH recordó que por el caso, se solicitó información a diversas autoridades, entre otras, a la Fiscalía General de la República quien informó que desde el mes de febrero de 2020, opera un equipo de investigación compuesto por la autoridad ministerial adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, Policía Federal Ministerial, analistas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y consultores privados internacionales nombrados por las víctimas, además se han identificado y repatriado 63 cuerpos, efectuando reuniones con cónsules de diferentes países para la identificación de los restantes.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresó que el descubrimiento de 72 migrantes—58 hombres y 14 mujeres,—es una tragedia es emblemática no sólo por la violencia y los peligros que enfrentan los migrantes cuando viajan por México, sino también por la incapacidad del gobierno mexicano para abordar y prevenir esos abusos.

Además de que el caso también es simbólico por la falta de justicia para los delitos contra los migrantes: una década después, nadie ha sido condenado.

“El gobierno mexicano también debe tomar medidas para identificar los nueve restos no identificados del caso y brindar certeza a otras familias que trágicamente continúan teniendo dudas sobre la identidad de los restos que recibieron”, expresó el organismo internacional.

Los 11 puntos que se acordaron en la reunión son: 

El primero de ellos fue por parte del subsecretario Alejandro Encinas y del representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), César García Mondragón, quienes se comprometieron a promover la intervención de las autoridades de alto nivel (secretario de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, y el Fiscal General de la República), para gestionar con los gobiernos de Guatemala y Brasil los apoyos para la correcta identificación de los cadáveres que fueron entregados. Para ello, Encinas manifestó su interés en crear una unidad mixta de investigación.

El segundo fue fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior, aprobando los lineamientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para embajadas y consulados.

En el tercero, el gobierno de Tamaulipas se comprometió a proporcionar las estadísticas estatales de incidentes respecto a migrantes, y también a ejecutar políticas públicas que garanticen la no repetición de la masacre de San Fernando.

El cuarto punto acordado fue fortalecer los acercamientos de la CNDH con sus homólogos de Brasil y Guatemala, a efecto del apoyo a las víctimas.

El quinto, generar reunión de trabajo con la FGR, Comisión Nacional de Búsqueda y el gobierno de Tamaulipas, a efecto de reactivar los trabajos de la Comisión Forense, sumando a la Comisión Nacional de Búsqueda y el gobierno de Tamaulipas, para el intercambio de información para seguir avanzando con la identificación de los cadáveres en los casos de las masacres de migrantes.

En el sexto punto se acordó que el Equipo Argentino de Antropología Forense compartirá información con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación respecto a sus trabajos, para valorar el ejercicio que se ha realizado en Guatemala para la identificación de restos.

En séptimo lugar, que la Fiscalía General de la República, en compañía del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, generará una reunión de trabajo en la que se invitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, a efecto de analizar la solicitud de las víctimas para la creación de una unidad mixta de investigación en la Fiscalía General de la República.

El octavo acuerdo fue que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación realizará la convocatoria para llevar a cabo una reunión de trabajo el 26 de agosto 2020 a las 18:00 horas, en la que intervendrán representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y CNDH a efecto de tener claridad respecto a la forma de proporcionar a las víctimas medidas de atención urgente.

El noveno acuerdo fue crear, con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos y trabajadores sociales con las diversas instancias de gobierno y la representación de las víctimas, a efecto de determinar la metodología para un plan integral de atención y reparación, recuperando la experiencia del caso Cadereyta.

En el décimo punto, se buscará tener reuniones mensuales con las autoridades recomendadas, y autoridades que intervienen en las acciones tendientes al cumplimiento de los temas de reparación integral del daño, así como con las víctimas, para ver los avances en el cumplimiento.

Finalmente, la CNDH se comprometió a emitir un comunicado sobre estos acuerdos.

kg