La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se ha pronunciado por algunos de los casos más emblemáticos de violación a derechos fundamentales, no obstante, su actuación ha sido en muchas ocasiones criticada por víctimas, organizaciones civiles, e incluso la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El primer caso de atención a víctimas de gran impacto para la CEAV fue la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre del 2014 y el asesinato de integrantes del equipo de futbol Los Avispones, ambos en Guerrero.

El 3 de marzo del 2015, la Comisión emitió un informe en el que indicó que después de los hechos envió una comitiva para reunirse con los padres de los normalistas y entró en contacto con el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que hasta hoy en día da seguimiento al caso.

Sobre los familiares del equipo de Los Avispones, que fueron asesinados el mismo día que los normalistas, la CEAV informó que se les había brindado atención a 31 víctimas directas y 66 víctimas indirectas a quienes les dio asesoría jurídica, médica y psicológica.

No obstante, meses después la Comisión Ejecutiva determinó otorgar una reparación económica parcial del daño a miembros del equipo de futbol, decisión que fue apelada por las víctimas.

En julio del 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la CEAV calcular nuevamente la compensación del daño a las víctimas.

En una entrevista en el 2017 con El Economista, el entonces comisionado Jaime Rochín del Rincón -quien dimitió a su puesto en junio del año pasado-, aseveró que “constantemente a la CEAV se le ve como una caja de pago , algo que debe cambiar”.

La ASF indicó en la Cuenta Pública del 2018 que había diversas deficiencias sobre el padrón de víctimas llevado por la CEAV; como que en ese entonces la Comisión reportó que atendió a 9,097 víctimas de delitos, aunque “no comprobó el tipo de atención que se les proporcionó”.

En la misma auditoría se solicitó el número de víctimas entre el 2014 y 2018 que dejaron de recibir recursos por parte de la CEAV, a lo que la Comisión inidicó que no tenía información al respecto, lo que “en opinión de la ASF, la carencia de información sobre el número de víctimas a las que se les reparó el daño, además de la falta de criterios para la determinación del tiempo que se proporcionaron medidas de atención a las víctimas, limitó determinar el grado en el que la CEAV contribuyó a la atención del problema público”.

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